Moody’s Investor Services confirmó ayer la calificación de la deuda soberana de El Salvador en B3, pero degradó la perspectiva de la nota a “negativa” ¿Qué significa?

La agencia es una de las calificadoras de riesgo que monitorea la salud de las emisiones salvadoreñas y su último reporte enciende alertas sobre riesgos que pueden agravar la condición de una economía que cerró 2020 con una recesión derivada de la pandemia del covid-19.

Según la escala de calificaciones de deuda de Moody’s, B3 significa que se "carece de las características de una inversión deseable". La nota fue confirmada ayer, pero antes de la publicación la misma contaba con una calificación "positiva", es decir, podría mejorar.

EN CONTEXTO: Moody’s rebaja la perspectiva de la deuda salvadoreña a “negativa”

Con el cambio a “negativa” la deuda salvadoreña, que cerró 2020 arriba del 90 % del Producto Interno Bruto (PIB), está a un peldaño de caer en Caa1, es decir, "títulos de baja solvencia" y con un alto riesgo de un impago con los acreedores.

El informe publicado ayer (en inglés) alerta sobre riesgos para la economía en los próximos dos años y sobre la creciente exposición que la administración del Ejecutivo de Nayib Bukele tiene con la deuda de corto plazo.

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La agencia ya colocó -por un período corto de tiempo- a la deuda salvadoreña en Caa1, ocurrió en 2017 después de que el Ejecutivo (en la administración 2014-2019 de Salvador Sánchez Cerén) cayera en impago tras no cumplir con compromisos previsionales, pero se ha mantenido en B3 desde la corrección en 2018, pero es muy distante de la Baa3 que tuvo a inicios del siglo, que le dio un grado de inversión intermedio pero sujeta a un riesgo crediticio moderado, pero "con ciertas características especulativas".

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Las claves del reporte de enero 2021 de Moody’s



  • La calificadora recalca que las condiciones de financiamiento seguirán siendo muy estrictas para El Salvador -tanto en el mercado interno como en el externo- para los próximos dos años.

  • Advierte que el país necesitará tener acceso al mercado en 2022 por el vencimiento de un bono de $800 millones para enero de 2023.


 

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  • Espera que el gobierno comience a consolidar sus finanzas en el segundo semestre de este año", dice el reporte que anticipa que esta situación facilitará el acceso al financiamiento de la deuda multilateral.

  • Moody’s enfatiza que la deuda interna de corto plazo representa el 50% de las fuentes de financiamiento que el gobierno ha identificado para cubrir la brecha de este año.

  • Sobre las Letras del Tesoro (LETES) advierte que si bien los bancos locales pueden estar dispuestos a aumentar su exposición a la deuda a corto plazo -vía LETES o Certificados del Tesoro (CETES)- considera que “no podrán aumentar materialmente sus tenencias en mucho más”, ya que necesitarán de autorizaciones de sus casas matrices para incrementar su exposición. Los principales bancos de la plaza son subsidiarias de corporaciones con sede en Colombia y Honduras.

  • También destaca que el instrumento de LETES está en un nivel récord ($1,410 millones), aunque ligeramente por debajo del límite aprobado por la Asamblea Legislativa, pero "sustancialmente encima” del rango de entre $800 millones y $900 millones observados antes.


 

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  • Pronostica que el déficit fiscal cerrará 2021 en la banda entre el 6.5 % y el 7.5 % del PIB, más del doble del que registró El Salvador en el período de 2015 y 2019 cuando se mantuvo en el 3 % del PIB.

  • La agencia considera que las condiciones en las que El Salvador puede acceder a los mercados globales se han deteriorado drásticamente con diferenciales soberanos en alrededor de 700 puntos básicos en enero de 2021, 300 puntos más que el año pasado. "Los altos diferenciales reflejan una mayor preocupación de los inversionistas sobre las estrictas condiciones de financiamiento, la respuesta de política del gobierno y las implicaciones que esto podría tener en la sostenibilidad de la deuda”, explica.

  • Moody’s dice en su reporte que la administración de Nayib Bukele tiene un compromiso declarado de comenzar a consolidar su deuda a través de la banca multilateral “en montos suficientes para cubrir las necesidades de financiamiento, pero que anticipa que un ajuste fiscal combinado de al menos tres puntos porcentuales del PIB.