El costo adicional de $1.12 por megavatio por hora (MV/) en el precio de la energía. / DEM
El titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Manuel Aguilar aseguró en la comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, que el incremento de los $3.5 millones por restringir la importación de energía se dio a causa del voto a favor de la ex superintendente, Blanca Coto.
Aguilar explicó a los diputados que Coto votó en diciembre del 2018 ante la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), el ente regulador del mercado eléctrico centroamericano, por los cargos complementarios en el uso de la red de transmisión, el cual el cobro de la millonaria deuda pasará a las facturas de los consumidores finales.
“Ella votó la resolución 112 en donde se decidió crear el Cargo de Restricciones Nacionales (CARN), donde se penalizarían a los países que pusieran restricciones a la importación de electricidad. Nunca pensó que el que más importa es El Salvador”, indicó Aguilar.
El superintendente también aseguró que las autoridades anteriores de la Siget aprobaron la conformación de ese fondo sin conocer la cantidad que tendría que pagar cada mes, a sabiendas que los montos de los meses de diciembre de 2018 a junio de 2019 se acumularían, para comenzarlos a pagar desde julio, “mes en el que ya no ostentaría el cargo de superintendente”, dijo.
Además recalcó que él fue quien dio a conocer sobre este problema en el que se encontraba el país, ya que “el Gobierno anterior no tuvo la valentía de presentarle estos resultado al pueblo salvadoreño”.
Según datos expuestos por Aguilar, el 80% de las transacciones realizadas se hacen entre El Salvador y Guatemala, donde “El Salvador es el país que importa más energía de Guatemala y no al revés”.
El titular de la Siget aseguró que en el país se modifican los precios de la energía, con la autorización de la SIGET, cada 15 de enero, abril, julio y octubre. “Las variaciones corresponden a los costos de producción de los diferentes generadores de los últimos tres meses y que la tarifa serán impuestas este mes y ya incluirán los cargos de los compromisos que adquirió la ex superintendente”.
Los $3.5 millones tendrán que ser pagados en un plazo seis meses, que iniciarían desde octubre y tendría que estar cancelada la deuda en marzo del 2020. El cargo adicional en la factura de los consumidores finales supone un costo adicional de $1.12 por megavatio por hora (MV/) en el precio de la energía.