Foto DEM
La presidenta de la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Ileana Rogel, recibió este miércoles más de 30 demandas en su contra por la falta de pago de unas 200 cuotas de indemnización y otros pasivos laborales de trabajadores de la institución.
El Sindicato de Trabajadores de Conamype (SITCO), presentó más de 30 demandas ante la Cámara Primera y Cámara Segunda de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el incumplimiento de la autónoma en el pago de prestaciones laborales.
"Los trabajadores han llegado al 6 de diciembre sin tener una naturaleza jurídica definida, se nos ha dicho que la institución ha muerto, y a partir de eso no se han cancelado los pasivos laborales a los trabajadores. Lastimosamente hemos tenido reuniones con la presidenta de Conamype y no se ha llegado a acuerdos en que se reconozca el derecho a los trabajadores al pasivo laboral", aseguró la secretaria general de SITCO, Roxana Portillo.
Portillo explicó que cada uno de los contratos de los trabajadores posee vigencia anual, pero desde que se fundó la institución, ningún trabajador ha recibido una indemnización al finalizar su contrato. " Hay gente dentro de la institución que tiene más de 20 años y el derecho de ellos al pasivo laboral no sea reconocido" afirmó.
Diario El Mundo intentó conocer la postura de Conamype con respecto a todas estas acusaciones, pero no obtuvo respuesta.
Inestabilidad laboral
Erick Zelaya, miembro del sindicato, aseguró además que "arriba del 60 % de trabajadores contratados por Conamype se encuentran en una situación laboral inestable" desde entonces al no haber sido tomados en cuenta para obtener un contrato regido por la Ley de Servicio Civil.
Conamype es una institución independiente a partir de la reforma a la Ley de Fomento, protección y desarrollo de la Micro y Pequeña empresa. En esta, explicó, se garantiza la estabilidad laboral de las personas trabajadoras a través de la aplicación de la Ley de Servicio Civil como marco normativo.
Esta ley impide, entre otras cosas, los despidos injustificados y la injerencia de los empleadores en la toma de decisiones sindicales.
"(En enero) se giró una lista de 99 personas que están amparadas en esta ley de Servicio Civil. Se dejó afuera a más del 60 % de trabajadores", aseguró Zelaya, quien destacó que los trabajadores se acogieron a instituciones como el Ministerio de Trabajo, debido a que en diciembre pasado, la institución no descontó a los empleados la cuota de membresía de pertenencia al sindicato, "en un intento por desconocerlo".
Zelaya destacó además que los "abusos de poder dentro de la Institución no son nuevas", e incluso, actualmente, hay una demanda en contra de Conamype ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el incumplimiento de un contrato laboral colectivo que afecta a 12 trabajadores.