Imagen de referencia. Archivo DEM
La Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC), se manifestó hoy en contra de la entrada en vigor de la Ley Bitcoin el próximo 7 de septiembre y enfatizó su rechazo a la obligatoriedad de recibir el pago de servicios en bitcoin estipulada en el artículo 7 de la controvertida ley.
La ASTIC expresa en un comunicado que “las negociaciones comerciales entre privados no son competencia de ninguna autoridad pública para que disponga como debemos pagarnos los bienes o servicios ofrecidos”.
De igual forma recuerda que la naturaleza del trabajo de transporte de carga es regional y no se limita a El Salvador y considera que la implementación de la criptomoneda sería una “desdolarización” por lo que se verían obligados a suspender sus servicios en el país.
Además pidió al gobierno derogar la ley o modificar el artículo 7 sobre la obligatoriedad de los agentes económicos a operar con bitcoin, excluyendo al sector de dicha obligatoriedad.
Los transportistas consideran el impulso al bitcoin en El Salvador como un "negocio particular", "tenemos dólares, pasaremos por el bitcoin para regresar al dólar, por medio de un trámite extra y una comisión que pagaremos por convertir el bitcoin de nuevo al dólares en efectivo", expresaron.
Ven además con preocupación la división en el sector, puesto que el extranjero devengará en dólares mientras el nacional en bitcoin, por estar obligado.
El artículo 7 de la Ley Bitcoin reza: todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio.
Advierte
La gremial de transportistas de carga advirtió con suspender servicios en toda Centroamérica, dados los inconvenientes de operar con criptomoneda en El Salvador, a diferencia del resto de naciones centroamericanas.
También, indicó que podría considerarse que el pago de servicios se haga de “estricto contado” a sus clientes, además de incrementar hasta en un 20 por ciento el valor de cada flete. El aumento del flete, según la ASTIC, es para “resguardarse del riesgo y la especulación del tipo de cambio del bitcoin”.
Además, ha concluido reprochando al Gobierno salvadoreño que la implementación de la criptomoneda ha sido “unilateral y sin las consultas correspondientes”.
