Los afectados denuncian supuestos abusos y acciones ilegales de cuatro prestamistas, entre ellos mencionan los nombres de Marta Valladares, Mauricio Ramírez y José Alberto Escobar Rodríguez, pero la mayor cantidad de irregularidades apuntan hacia este último, quien maneja el monopolio del “agiotismo” en la UES, con una cartera de más 500 trabajadores; a la mayoría de ellos, la Tesorería de dicha universidad les descuenta y retiene parte de su salario por orden de juzgados de lo civil, donde Escobar Rodríguez, les ha promovido los juicios ejecutivos mercantiles.
A los afectados les llama la atención de que todos los embargos salen del Juzgado Pluripersonal de lo Civil de Ciudad Delgado; algunos manifiestan que en un inicio los juicios ejecutivos mercantiles eran iniciados en otros juzgados del área metropolitana como el de San Marcos, pero un supuesto plan de los prestamistas de la UES los llevó a trasladar todos los casos a Ciudad Delgado.
Los empleados embargados denuncian que además del acoso que sufren de Escobar Rodríguez, y otros prestamistas, deben enfrentar lo que ellos llaman “embargos ilegales” que salen del Juzgado Pluripersonal de lo Civil de Ciudad Delgado, donde las demandas son tramitadas “de inmediato”, dictaminando sentencias a favor los agiotistas.
Estos prestamistas, según los empleados de la UES, tienen una misma forma de operar: les hacen firmar letras de cambio en blanco para prestarles diversas cantidades de dinero, pero cuando terminan de cancelar no les entregan un recibo de pago, y la letra de cambio que firmaron en blanco se vuelve un instrumento para iniciarles los juicios ejecutivos supuestamente ilegales, ya que lo adeudado fue pagado con sus respectivos intereses.
Según los denunciantes, Escobar Rodríguez, aprovechándose de su necesidad, les prestó desde $50 hasta $1,000; algunos señalan que le cancelaron todo, otros se quedaron pagando los intereses para estar al día y hay quienes cayeron en impago; sin imaginar el calvario que les esperaba a lo largo de los últimos 20 años. Varios concluyen que el Juzgado Pluripersonal de lo Civil de Ciudad Delgado, ha dictado en su contra embargos ilegales a perpetuidad.
La Fiscalía General de la República, en junio del año 2012, anunció una investigación de posibles vínculos de este juzgado de lo civil, así como el de Apopa y Tonacatepeque, con una banda de tres acusados de estafa.
La red prestaba cantidades de $300 y $1,000 a empleados públicos para luego iniciarles embargos utilizando las letras de cambio que habían firmado en blanco como requisito para otorgarles los préstamos. En ese entonces, a la Fiscalía le llamó la atención que 17 víctimas fueron procesadas y hasta condenadas en juicios ejecutivos mercantiles de forma fraudulenta y los jueces avalaron esas anomalías a pesar que era evidente las acciones ilegales de la banda.
La Fiscalía en ese entonces certificó y agregó al proceso informes en los que constaba que los jueces llegaron a condenar hasta los fiadores, pese a que ellos mismos, en juicios previos, ya habían condenado a los deudores principales.
Carlos Portillo, uno de los empleados afectados por José Alberto Escobar Rodríguez, dijo que es bien sospechoso que este juzgado de Ciudad Delgado avale los embargos que a su juicio son ilegales.
Jueza rechaza hablar de casos
El 25 de mayo de 2017 un periodista de Diario El Mundo buscó la opinión del Juzgado Primero Pluripersonal de lo Civil de Ciudad Delgado, respecto a los embargos supuestamente ilegales que los empleados de la Universidad de El Salvador han denunciado, pero la jueza rechazó hablar del tema. A las 12:00 del mediodía se acudió a ese juzgado y un empleado informó a la jueza sobre la petición de hablar con ella, previo a que la funcionaria saliera de su despacho, un agente de seguridad asignado al centro judicial pidió que se abandonara las instalaciones.
La jueza apareció en ese momento y categóricamente dijo que no hablaría, argumentando que el carnet de periodista asignado estaba vencido y que en el caso de regresar ella lo valoraría, siempre que no estuviera ocupada.
4 prestamistas
Operan en la UES, Solo Mauricio Ramírez, no es empleado de esa institución.
20 personas
Están embargadas desde hace 20 años.
