Se detalla que desde la creación de esa sede judicial se han dictado 117 decisiones, de las cuales, 105 fueron con resultado de sentencias estimativas; es decir que la Fiscalía General de la República ganó los casos y los inmuebles, bienes y dinero pasaron al Estado para que el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) dispusiera de ellos de forma definitiva.
El Ministerio Público durante el mismo período perdió 12 casos equivalente al 10% del total de los procesos que llegaron hasta la fase final, en esa audiencia el juzgado resolvió emitiendo una sentencia desestimativa (exoneración).
Pero en los cuatro años y medio la Fiscalía y los abogados defensores han recurrido ante la Cámara Primera de lo Penal, que es la que conoce de apelaciones y a la Sala de lo Penal que resuelve las casaciones.
En el antecedente procesal de todos los asuntos conocidos en extinción de dominio hay 11 sentencias estimativas y desestimativas que aún no están firmes, nueve apelaciones están en cocimiento de los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal y dos casaciones en estudio de los magistrados de la Sala de lo Penal.
Sentencias 2018
Entre enero y diciembre de este año las acciones de extinción de dominio presentadas en el juzgado especializado en esa materia fueron 47. Al clasificarlas se determina que 32 fueron solicitudes con pretensiones oficiales de extinción de dominio en donde los fiscales especializados le pidieron a la jueza que se iniciara el proceso legal y comenzaran a correr los plazos para celebrar las diligencias que señala la normativa especial.
El Ministerio Público busca que diversos bienes, vehículos automotores, bienes productos, semovientes, productos financieros y dinero pasen al Estado. Los otros 15 casos se refieren a solicitudes de ratificación de medidas de cautela sobre diversidad de bienes similares.
El detalle del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio refleja que durante 2018 se han dictado 20 sentencias que derivan de años anteriores, de esas resoluciones, 18 fueron sentencias estimativas donde se declaró la extinción a favor del Estado, mientras que dos fueron a favor de los propietarios de bienes.
Se informó que las actividades ilícitas que subyacen a las acciones promovidas por la representación fiscal la generalidad es en primer lugar lavado de dinero y activos, maras o pandillas, en tercer lugar están defraudaciones a la hacienda pública mediante el contrabando de mercadería, tráfico ilegal de personas, narcotráfico y actividades propias de la corrupción en el Estado.
En el caso de las sentencias estimativas, durante las audiencias se probó la teoría presentada por el Estado a través de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República y se reconoció la nueva titularidad de los bienes al Conab.
Alcances de ley
Desde que el 28 de noviembre de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita, la Fiscalía General de la República preparó el camino para iniciar una ofensiva enfocada en despojar los bienes a personas y estructuras del crimen organizado que amasaron su fortuna a través de actividades delictivas a nivel local y transnacional.
Todas esas ganancias obtenidas de manera ilícita y que hasta transfirieron a sus familiares o terceras personas han pasado al Estado.
Entre las personas que el Ministerio Público ha sometido al proceso especializado en extinción de dominio hay pandilleros, narcotraficantes, lavadores de dinero y activos, contrabandistas y exfuncionarios corruptos que se aprovecharon de sus cargos para saquear al Estado y favorecerse personalmente y llevar una vida llena de lujos junto a sus parientes y cerrado círculo de amigos.
El Ministerio Público ha investigado y ganado los 105 casos amparándose en el artículo 5 de la ley especial donde se le faculta ir tras los bienes de estructuras complejas, entre ellas pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, actos de terrorismo, tráfico de armas, tráfico y trata de personas, delitos relacionados con drogas, delitos informáticos, de la corrupción, delitos relativos a la hacienda pública y todas aquellas actividades ilícitas que generen beneficio económico u otro beneficio de orden material, realizadas de manera individual, colectiva, o a través de grupos delictivos organizados o estructurados.
El primer paso que los fiscales especiales dieron fue abocarse al Juzgado Especializado en Extinción de Dominio para presentar solicitudes de ratificación de medidas cautelares.
Con esas peticiones se ha protegido los bienes, inmuebles y valores (dinero, cuentas bancarias) para que sobre ellos no se fuera a tomar ninguna decisión y garantizar que cuando los casos se judicializaran se dispusiera de los bienes.
Cuando los fiscales hicieron las investigaciones detectaron que las fortunas obtenidas de actividades delictivas por parte del crimen organizado, en un primer momento fueron traspasadas a parientes, amigos más cercanos y otros testaferros, ya que los pandilleros, narcotraficantes, lavadores de dinero, exfuncionarios del Estado y traficantes de personas optaron por esa modalidad para que el momento de las indagaciones no les detectaran ningún bien.
Instituciones se reparten los bienes extinguidos
Al finalizar el año se deberá hacer el conteo total de los valores extinguidos y distribuirlos en diversos porcentajes, según el artículo 94 de la ley especial. Un 35 % será para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el cual será utilizado para la ejecución de programas de prevención e investigación y para reforzar la capacidad operativa e investigativa de la Policía Nacional Civil.
Similar porcentaje recibirá la Fiscalía General de la República, esos fondos serán destinados a las áreas especializadas encargadas de la investigación de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, a la Unidad Fiscal de Extinción de Dominio y a las unidades fiscales responsables de la investigación de los delitos de crimen organizado.
El Conab recibirá 15 % para el mantenimiento y administración de los bienes, un 10 % al Ministerio de la Defensa Nacional; y otro 5 % a la Procuraduría General de la República.
