Un juez de sentencia decidirá la situación jurídica de los dos exdirectores de Centros Penales. / Jorge López
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó, ayer, que los exdirectores de Centros Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda, vayan a juicio, por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta, que la Fiscalía General de la República les atribuye.
El juez Rigoberto Chicas dijo que hay prueba para que un tribunal de sentencia de la capital conozca y decida en un juicio la situación jurídica de los dos exfuncionarios.
El administrador de justicia no accedió a la pretensión del abogado Carlos Escobar, quien pidió la nulidad del proceso y tampoco avaló la petición de Nelson Rauda, quien planteó un doble juzgamiento por el delito de actos arbitrarios.
Rauda argumentó que en la causa penal de la denominada tregua entre pandillas se le está acusando por el mismo delito, pero el juez explicó que si bien se trata del mismo ilícito, pero no del mismo hecho.
Hernández fungió como director de Centros Penales, desde 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2017, mientras que Rauda estuvo en ese cargo entre 8 de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013.
El fiscal del caso Arturo Cruz dijo que ambos funcionarios, supuestamente, administraron fraudulentamente $200,193.19, esos fondos eran patrimonio de las tiendas institucionales de la Dirección General de Centros Penales, pero aparentemente los utilizaron para el pago de inteligencia penitenciaria durante el período que duró la tregua entre pandillas.
Según el informe fiscal, en el año 2012 se desviaron de las tiendas institucionales $46,600 para pagar servicios de inteligencia; en el 2013, los gastos aumentaron en $114,393.19 y en el año 2014, la inversión para esa actividad fue de $47,400.