La red infiltró juzgados especializados de San Miguel, cuyos tres exjueces son procesados por separado. /DEM
Una estructura transnacional de narcotráfico, integrada por 183 personas, entre éstas fiscales, policías, abogados, empleados del Órgano Judicial y municipales enfrentan juicio por 63 hechos delictivos de donde se desprenden 17 delitos; la vista pública se prolongará durante tres meses en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel.
El juicio se ha dividido en tres etapas de un mes cada una. En la primera se conocerá de los ilícitos cometidos por 105 integrantes de la pandilla 18, según afirmó German Arriaza, director de la zona oriental. La organización, integrada por 13 canchas a nivel nacional del grupo de los sureños, es dirigida por José Timoteo Mendoza, alias “El Chory”, cabecilla nacional de esa pandilla.
En la segunda etapa se enjuiciará a 61 imputados por delitos relacionados a 18 casos de droga y se trata de una organización de presuntos narcotraficantes dirigida por José Enrique Torres, que infiltró instituciones del Estado entre el sistema judicial, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía.
Esta red transnacional de tráfico de drogas enfrentará la vista pública por los delitos de tráfico ilícito y actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como tráfico internacional de drogas. La organización dirigida por Torres, con la cercana colaboración de cabecillas de la pandilla 18, algunos conectados con carteles de Colombia y México.
En julio del año 2011, Torres fue condenado a 15 años de cárcel por traficar cocaína escondida en encomiendas hacia Estados Unidos.
Pero el 1 febrero de 2012, en una audiencia especial, Torres fue beneficiado por el exjuez especializado de sentencia de San Miguel, Enrique Beltrán, y anuló la sentencia de 15 años que ya se le había impuesto.
Según las pesquisas de la Fiscalía, Torres al recuperar su libertad tomó la jefatura de la red y la reestructuró incorporando a los jefes de las pandillas. Tras quedar libre, se refugió en Guatemala, donde comenzó a comprar cocaína en Costa Rica para luego enviarla a Houston, Estados Unidos.
La tercera etapa se relaciona a los delitos de corrupción, entre ellos cohecho activo, cohecho propio, simulación de influencias y fraude procesal contra 11 abogados, cuatro empleados judiciales y cinco personas particulares.
Procesados
La Fiscalía informó que los empleados judiciales procesados por 19 casos son: Oscar Flores Granados, Marlyn Lissete Carballo Flores, Estela Margarita Cortez Zavala, quienes supuestamente negociaban reducción de penas con la pandilla.
También son acusados Reina Rubetina Robles de Pérez, Roberto Amílcar Montoya Flores, Luis Oswaldo López Álvarez.
Mientras que los fiscales procesados por coche propio y agrupaciones ilícitas son: Patricia María Hernández Hernández, señalada en un caso, mientras que el exfiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, Salvador Ruiz Pérez, es señalado de participar en cuatro casos. A la primera le acumulan el delito de posesión y tenencia, mientras que a Ruiz le suman fraude procesal.
105 Pandilleros
enjuiciados por una serie de hechos que van desde homicidios hasta robo.
61 Integrantes
de una red transnacional con nexos en Colombia y Panamá.
20 Enjuiciados
Entre abogados, fiscales y policías por delitos de corrupción.