Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo/DEM
La Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia alertó este miércoles a la comunidad internacional sobre acciones que atentan contra el estado de derecho y la división de poderes en El Salvador, tras las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, aprobadas por la Asamblea Legislativa el martes.
La agrupación señala que los cambios en la ley directamente afectan la independencia judicial y los derechos humanos.
Criticó además que desde que asumió funciones el nuevo parlamento el 1 de mayo pasado, “se emiten actos totalmente contrastantes con la efectividad de la justicia”, haciendo referencia a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y a constantes ataques a la figura de los jueces y la institucionalidad del órgano judicial.
Señaló además al Ejecutivo salvadoreño de aprobar y respaldar dichos ataques al mismo tiempo que los ha valorado como “abusos de poder que riñen con la legalidad y atentan contra la Constitución”.
Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, declaró la Federación de Jueces, no solo violentan la Carta Magna salvadoreña sino también convenciones internacionales sobre justicia y derechos humanos como la Carta Democrática Americana y el Estatuto del Juez Iberoamericano.
Los cambios a la legislación, “legitimarían el traslado discrecional y por ende arbitrario, de funcionarios y funcionarias judiciales”, y añaden que desconocen la capacidad profesional, experiencia e idoneidad de jueces y fiscales mayores de 60 años.
Las reformas obligan a jueces mayores de 60 años o que bien hayan cumplido 30 años de servicio a retirarse, y brinda mayores facultades a la Corte Suprema de Justicia para determinar traslados.
63 diputados del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional, el mayoritario Nuevas Ideas, y los minoritarios Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano votaron a favor, además, el proyecto de reformas no fue estudiado en la respectiva comisión legislativa sino expuesto y sometido a votación directamente en el pleno, mediante dispensa de trámite.
Jueces y magistrados han catalogado las reformas como vulneraciones a derechos constitucionales y han advertido hoy con acudir a las instancias legales nacionales e internacionales pertinentes para revertirlas.
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