Los representantes de Acción Ciudadana acudieron hoy a la Fiscalía General de la República. / Gabriela Palacios.

Acción Ciudadana avisó ante la Fiscalía General de la República por el uso indebido y sin autorización de los datos personales del presidente de esta asociación, Humberto Sáenz, y el director ejecutivo, Eduardo Escobar, en la cartera digital Chivo.




Creemos que como mínimo, la fiscalía debe investigar el uso falso de documentos de identidad, hurto de identidad, divulgación no autorizada, utilización de datos personales, obtención y transferencia de información de carácter confidencial, revelación indebida de datos o información de carácter personal y cualquier otro’’. Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana.



Sáenz exhortó a las demás instituciones, entre ella la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a "tomar cartas en el asunto", y pronunciarse ante la existencia de tantas irregularidades.


De igual manera, a la Corte de Cuentas porque recordó que hay fondos públicos de por medio y añadió: "la misma Asamblea Legislativa, que en los últimos meses se ha dedicado a crear comisiones, y concretamente ha creado comisiones de carácter financiero, parece que este tema no les incomoda, cuando son muchas las personas que están siendo afectadas por esta la utilización indebida de datos".


Según el presidente de esta asociación, en total son cinco miembros a los que les ha sucedido lo mismo y explicó que los delitos que piden investigar se encuentran en la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos del artículo 22 al 26, principalmente el primero.


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El artículo 22 de la referida ley señala: "El que suplantare o se apoderare de la identidad de una persona natural o jurídica por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación será sancionado con prisión de tres a cinco años. Si con la conducta descrita en el inciso anterior se daña, extorsiona, defrauda, injuria o amenaza a otra persona para ocasionar perjuicio u obtener beneficios para si mismo o para terceros y el apoderamiento recae sobre datos personales, confidenciales o sensibles definidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, será sancionado con prisión de cinco a ocho años".


Por su parte, el director ejecutivo, Educardo Escobar, aseveró que no son las únicas personas a las que les ocurrió: "a nivel de redes sociales existen muchas denuncias públicas ya".


Y afirmó que, el riesgo es que se abre la posibilidad de que "se puedan hacer transacciones, incluso de naturaleza ilícita, utilizando nuestros datos personales, es decir, pagar alguna extorsión, transferir dinero proveniente de lavado de dinero desde la aplicación desde la aplicación usando nuestros datos".


Con la presentación del aviso también pretende dejar constancia a las autoridades, que posteriormente no se harán responsables del uso indebido que pudiera llegar a hacer con sus datos, según Escobar. Llamaron al gobierno a que genere márgenes de seguridad en la aplicación.



¿Qué ha ocurrido?


Hace unos días, Cristosal puso a disposición un enlace en el cual las personas que no se han registrado en la cartera digital estatal, pero alguien más tomó su identidad para hacerlo puede poner su denuncia:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvpM2MMKI0M-LHTk1f4JKYYMgh5SfSUnLZa6M3l_eSfVnNg/viewform


Ante la situación, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriza Chicas confirmó recientemente que se están investigando a los responsables que ingresan a cuentas de otras personas en la billetera Chivo, sin embargo, hasta el momento no hay mayores detalles.


Las denuncias son mayormente vistas en redes sociales por usuarios que intercambian experiencias de cómo se enteraron de que alguien más ingresó con sus datos personas y así se abrió el acceso al bono de $30 dólares en la billetera estatal.