César Alvarado (izquierda) y Carlos Paredes (derecha), son acusados de estafa agravada. /J.M.
El director de exportaciones del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), Carlos Federico Paredes y César Alvarado, exviceministro de Vivienda en la administración del expresidente Francisco Flores, quedaron en libertad pero con medidas que deberán cumplir, más el pago de una fianza de $25 mil cada uno. Ambos son procesados por estafa agravada, ilícito que según la Fiscalía habrían cometido en perjuicio de tres personas por un monto que sobrepasa los $300 mil sin incluir los intereses.
En este caso que pasó a la fase de instrucción, la Fiscalía General de la República también acusa al ciudadano alemán Axel Thomas Preuss-Khune, quien se encuentra profugo.
En la audiencia inicial, el juez de paz de Antiguo Cuscatlán, resolvió instrucción formal con medidas alternas a la detención, la primera a cumplir es la cancelación de los $25 mil. El juez José Antonio Palma Trejo, dijo que el proceso fue enviado al Juzgado 2o. de Instrucción de Santa Tecla, donde se continuará procesando a los acusados y ante ese tribunal deberán presentarse cada 15 días, también tienen prohibido salir del país y cambiarse de domicilio sin previa autorización del juez.
Antes de instalarse la audiencia inicial, Jorge Alas, defensor de César Alvarado, había expresado que existía la voluntad de llegar a un acuerdo conciliatorio, salida alterna que fue bien vista por Luis Edgar Morales Joya, representante legal de las víctimas.
Alas dijo que hubo un acercamiento con las víctimas ante la Defensoría del Consumidor, pero no hubo ningún pacto y como al juez Palma Trejo, no le plantearon la posibilidad de una conciliación, el funcionario envió el expediente a la fase de instrucción.
Los imputados, a través de sus abogados, presentaron suficientes arraigos familiares, domiciliarios y laborales que garantizan un sometimiento al proceso; además, no tienen antecedentes de haber sido procesados en otros juzgados.
“Otro punto que se valora es que el delito de tipo patrimonial como el de estafa agravada que se les atribuye es conciliable y eso se pretende que lo van a intentar en la segunda fase de instrucción” sostuvo Palma Trejo.
La estafa
Según la acusación, la Sociedad Lomas de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, tenía un proyecto de lotificación y aseguraron a las víctimas que ellos eran los propietarios y otorgaron las promesas de venta sin número de matrícula registral de 20 lotes, donde los afectados iban a desarrollar un proyecto.
Paredes, como representante de la Sociedad Lomas de Santa Elena, dijo a las víctimas que era el propietario del terreno y para convencerlas les manifestó que una calle llevaba hasta el nombre de su madre.
Pero en el año 2010, un amigo de los afectados les dijo que había tenido problemas con la referida sociedad ya que esos terrenos no eran de ellos, sino que del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Tras esa información, las tres víctimas aseguran que visitaron a Paredes y Alvarado, quienes les confirmaron que los lotes eran del IPSFA, pero que esa institución les iba a reconocer y hasta la fecha los más de $300 mil que le entregaron a Paredes no se los han reembolsado y por eso el caso llegó hasta sede fiscal donde se configuró, según el Ministerio Público, el delito de estafa agravada.
$300 Mil
Lo estafado sobrepasa los $300 mil, según confirman las víctimas en su denuncia.