Entre los procesados hay cinco policías y un motorista de la PNC. / DEM
En su derecho de última palabra, 11 de los 21 acusados de integrar un grupo de exterminio de pandilleros negaron todos los delitos acumulados y pidieron que se les exonere; expusieron a la jueza las consecuencias en sus familias tras ser perfilados como sicarios por la Fiscalía General de la República.
En los alegatos de cierre, sus defensores concluyeron que el Ministerio Público montó un caso basado en “una sarta de mentiras” que llegó a decir el testigo criteriado “Sirio”.
El sargento Nelson Alfredo Lule Zepeda, que estaba destacado en la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales (DCJ), de la Policía Nacional Civil (PNC), manifestó que su trabajo siempre estuvo apegado a la ley y que a raíz de los señalamientos fiscales ha quedado marcado.
Eduardo Castillo Calles, quien es agricultor de Talnique y quien junto a su hermano, José Ángel, se han dedicado por años a ese rubro, sostuvo que por muchísimos años han sufrido, en carne propia, el flagelo de las pandillas.
Le manifestó a la jueza que estos grupos delictivos atentaron en su contra y que producto de ese ataque perdió un ojo, porque los pandilleros se lo sacaron. Expresó que la Fiscalía hasta lo ha utilizado como testigo y que ahora lo procesan por hechos nunca ejecutados.
En el desarrollo de la vista pública, su abogado Fernando Meneses argumentó que los hermanos Castillo siempre se dedicaron a sus actividades del campo y que sus defendidos lo que hicieron es oponerse a que los pandilleros ingresaran a sus áreas de trabajo a molestar, refutando los señalamientos de “Sirio”, quien expresó que los dos hermanos eran los jefes del grupo y quienes pagaban diversas cantidades de dinero para eliminar a integrantes de pandillas.
El agente Fidel Antonio Galán Hernández, también en el derecho de última palabra, manifestó que nunca se ha dedicado al sicariato, y ante la posibilidad de salir en libertad, sabe que estando en la calle lo van a buscar para asesinarlo, pero que prefiere morir libre a morir en prisión.
Mientras tanto, el motorista de la PNC, Joaquín Arévalo, alias “Gato”, quien junto al agente Élmer Aníbal Rodríguez Torres administraba la Cervecería Tres Puentes en el Valle de Zapotitán, jurisdicción de Ciudad Arce, La Libertad, expresó que “por tener mi negocio, aparte de ser policía estoy aquí”.
Francisco Mayorga sostuvo ante la jueza “nunca he usado armas, tengo 75 años y no tengo ni fuerzas para disparar”.
Peticiones
La Fiscalía en sus alegatos finales solicitó a la jueza de la causa que emita una sentencia condenatoria por considerar que lo expuesto por el testigo criteriado “Sirio” es verídico.
Los fiscales pidieron a la jueza que valore las experticias de pruebas balísticas, donde se determina que las armas y chalecos antibalas, son los utilizados en varios homicidios; además de análisis telefónicos, donde se revela la fluida comunicación que mantenía cada uno de los imputados los días en que se planificaron y ejecutaron los hechos.
Los abogados defensores insistieron que se está frente a un testigo criteriado que estuvo detenido los días en que dijo participar en los hechos.