Por un presunto enriquecimiento ilícito de $193,536.61, fue demandado ayer en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón y su esposa Gloria Natividad Valdés de García.

García Calderón, quien estuvo al frente del Órgano Judicial entre el 1 de julio del año 2000 al 30 de junio de 2009, enfrenta este juicio civil por decisión de Corte Plena, tomada el pasado 7 de febrero, porque no justificó ante la Sección de Probidad ese incremento patrimonial.

Cuando la Corte ordenó el juicio, lo asignó a la Cámara Primera de lo Civil y esta instancia, tras recibir el expediente, abrió el proceso el 23 de febrero de 2017 y notificó a la Fiscalía General de la República para que en un plazo de 20 días hábiles, presentara la demanda.

La fiscal anticorrupción, Ana Cecilia Galindo Santamaría, dijo que Corte Plena determinó cuatro irregularidades por una cantidad de $165,252.97 pero se abstuvieron de determinar una quinta irregularidad por $28,283.64 en concepto de bonificación por retiro voluntario de la carrera judicial.

“Se ha cuestionado que si bien los fondos provienen del Estado, o sea, la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia, constituye indicios de enriquecimiento ilícito porque se ha hecho fraude de ley”, explicó Galindo Santamaría, ayer a los medios de comunicación.

La representación fiscal espera que la Cámara tome en cuenta estas irregularidades que señala la Sección de Probidad, y que fueron tomadas en cuenta en Corte Plena para ordenar el juicio civil y ratificadas por la Unidad Anticorrupción para fundamentar su demanda.

Según la unidad fiscal, a la luz del ordenamiento jurídico en este caso existe enriquecimiento ilícito, ya que la actuación del exmagistrado es irregular y pasó sobre el principio de probidad que todo funcionario público debe honrar.

En el análisis que hace el Ministerio Público, García Calderón solicitó el retiro voluntario de la carrera judicial, pero ese retiro nunca se dio, lo que existió fue preclusión del término para el período, para el cual fue electo como magistrado, por lo tanto no tenía derecho a ese bono de $28,283.64, sino que debió adherirse a su jubilación cumpliendo todos los requisitos que exige la Ley de la Carrera Judicial.

Según la representación fiscal, cuando la Corte Plena ordenó el juicio, 12 magistrados dieron su voto por considerar que hay enriquecimiento ilícito, debido a que hubo fraude de ley, mientras que tres razonaron su voto argumentando que los fondos tienen aparentemente un origen lícito porque provienen de la CSJ.

 

$28 mil

La Fiscalía cuestiona ese monto que, supuestamente, García Calderón obtuvo por un retiro de la carrera judicial inexistente.