En la acusación presentada, el Ministerio Público da por culminada la etapa de investigación (instrucción) y ha incorporado una serie de prueba documental, pericial y testimonial con la que probara a la jueza el hecho delictivo atribuido a Rafael Alcides Flores Mendoza y Santos Edgardo Guzmán Ayala, capturados el 20 de diciembre del año pasado.
El Ministerio Público también confirmó que Flores Mendoza, acumula un nuevo caso de extorsión por $90 mil en perjuicio de una empresaria a quien le otorgaron régimen especial asignándole la clave 3361.
En la audiencia inicial realizada en el Juzgado 5o. de Paz de San Salvador, se instruyó el proceso en el cual la víctima denunció que le exigió la referida cantidad de dinero a cambio de limpiarle su imagen pues le dijo que la estaban investigando por delitos ligados a drogas, Flores Mendoza, le expresó que le daba la oportunidad de hacerlo en pagos y que le hiciera la primera entrega por un monto de $25 mil.
En el primer caso y cuya audiencia preliminar será en los próximos días, la prueba más fuerte está la declaración de un alcalde a quien se le otorgó régimen de protección en sede fiscal para proteger su identidad, la víctima ha contado la forma en la cual los imputados lo contactaron y luego supuestamente lo chantajearon con dañarle su imagen y prestigio vinculándolo a hechos delictivos, si no le entregaba $15 mil.
Esas exigencias fueron del conocimiento de la Fiscalía ya que se interpuso la denuncia y fue así como se comenzó a investigar el caso y surgió la orden de captura contra los dos procesados quienes al momento de la detención presentaron una placa con la cual aseguraban que eran agentes de la DEA.
Hasta hoy, el Juzgado 5o. de Instrucción estaban tramitando la recepción del dictamen de acusación y elaborando escritos para notificar a las partes, además de señalar fecha de audiencia preliminar.