Bustillo llevaba con él una copia del informe de la Comisión de la Verdad. / Marcela Moreno
Acompañado de sus hijos, el general Juan Rafael Bustillo fue informado por el juez segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, de los delitos que se le acusan por la masacre de El Mozote ocurrida en diciembre de 1981.
El militar en retiro fue acusado de asesinato, violación agravada, privación de libertad, violación de morada, robo, daños agravados, estragos, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo, delitos contemplados en el Codigo Penal de 1973, ya derogado.
El pasado 29 de marzo, siete militares fueron intimados por los mismos delitos, Bustillo no llegó porque entonces era prófugo por el caso jesuitas.
El proceso judicial por la masacre de El Mozote inició por denuncia interpuesta el 26 de octubre de 1990, por Pedro Chicas Romero, en la cual expuso una serie de crímenes cometidos en el caserío y otros lugares aledaños.
Por la masacre conocida como El Mozote, perpetrada entre el 10 y 11 de diciembre de 1981, se hicieron diligencias encaminadas a la investigación en los años 1990 hasta septiembre de 1993.
Hasta en ese año, en el proceso no existían personas individualizadas, pero el 26 de noviembre del año 2006, querellantes presentaron una acusación formal pidiendo anular el sobreseimiento definitivo dictado en 1993 y se reabriera el caso.
Pero en este último año, el Juzgado Segundo de Primera Instancia terminó las pesquisas y decretó un sobreseimiento invocando la Ley de Amnistia, aprobada por la Asamblea Legislativa.
Bustillo, quien fue el comandante de la Fuerza Aérea, entre octubre de 1979 y diciembre de 1989, es acusado como un mediador de los hechos, es decir, que dieron supuestamente las órdenes como parte de un aparato organizado de poder enquistado en la Fuerza Armada.
Ayer, el general brindaría su indagación declaratoria, pero su defensor lo impidió: “En este momento no voy a brindar declaraciones, pero voy a decir todo lo que sé”, dijo brevemente a la prensa, mientras tenía una copia del informe de la verdad en sus manos.
“Esperemos que el general sostenga su voluntad de ejercer su derecho de declaración indagatoria”, dijo el querellante, David Morales a los medios de comunicación.
