El alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, su hijo Wilfredo Guerra Umaña y los imputados José Adán Salazar Martínez, Miriam Haydee Salazar de Umaña, así como Tránsito Ruth Mira de Guerra, no comparecieron hoy a la audiencia inicial que el Juzgado 4o. de Paz había programado para empezar el proceso penal en su contra por el delito de lavado de dinero que la Fiscalía General de la República les atribuye.

El juzgado, tras haberlos notificado en legal forma, los convocó a la diligencia; y en todo caso que enviaran a sus abogados para que los representaran, pero solamente acudieron los fiscales razón por la cual no se instaló la audiencia.

Ante la ausencia de imputados y sus defensores el Juzgado ha tomado la decisión de resolver con vista del requerimiento fiscal basándose en el artículo 298 numeral 2 del Código Procesal Penal, donde se señala que el juez deberá emitir una resolución.

Al revisar el requerimiento la jueza está en la obligación de interponer su criterio verificando si concurren suficientes motivos para ordenar o no una orden de captura como la Fiscalía lo ha solicitado.

Cuando se habla que deberá resolverse con vista del requerimiento fiscal, no necesariamente significa que la jueza deberá acceder mecánicamente a todas las pretensiones del Ministerio Público, sino más bien deberá hacerlo bajo su razonamiento y sana crítica.

Los cinco imputados son prófugos desde el pasado 4 de abril cuando la Policía Nacional Civil (PNC) capturó únicamente a José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como “Chepe Diablo” y tres de sus parientes, procedimiento que ha sido muy cuestionado por el fiscal general Douglas Meléndez, quien ha manifestado que según los informes institucionales de los ahora prófugos, cuando se emitieron las órdenes de captura, se tenía conocimiento de su ubicación, pero no saben por qué no fueron detenidos.

Según los análisis financieros presentados por el Ministerio Público, de los cinco imputados prófugos, dos de ellos son los que supuestamente han lavado la mayor cantidad de dinero, a José Adán Salazar Martínez, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) le atribuye un monto de $9,400,003.56 entre los años 2003-2013; mientras que Wilfredo Guerra Umaña, representante legal de Agroindustria GUMARSAL S.A de C.V, habría lavado $8,038,003.58 entre el periodo 2003-2014.