El juez 7o. de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Arguello, accedió a la pretensión de los fiscales quienes mediante un escrito justificaron que hay diligencias pendientes por ejecutar, entre esas el peritaje financiero contable que 12 especialistas están realizando.
La fase de instrucción finaliza el próximo 20 de octubre, pero con la resolución del juez se extenderá hasta los meses de abril y mayo del año 2017, cuando el Ministerio Público ya no tendrá ninguna opción de pedir otra prórroga.
El peritaje clave está en desarrollo y con ese estudio la Fiscalía busca probar el incremento patrimonial no justificado, así como el manejo de las cuentas del Estado y a donde fue a parar el dinero desviado de las cuentas institucionales del tesoro público, además del mecanismo de retorno del dinero hacia las cuentas de varias sociedades de los imputados, empresas que finalmente depositaron los fondos en cuentas particulares a nombre del expresidente Elías Antonio Saca.
Los 17 imputados en la segunda fase del caso “destape a la corrupción” son señalados de lavar supuestamente $22 millones, de los 246 que según la el Ministerio Público fueron desviados de la cuenta institucional de Casa Presidencial durante la administración Saca, entre los años 2004 al 2009.
Este proceso fue judicializado en febrero de 2017 y el Juzgado 7o. de Paz de San Salvador, envió a prisión a diez imputados y en arresto domiciliar por padecimiento de cáncer, tres siguen el proceso penal en libertad.
Los procesados fueron enviados al sector nueve del penal de Mariona, porque la jueza que conoció de la audiencia inicial dijo que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) acreditó la existencia de los delitos considerados graves y existía un inminente peligro de fuga.