Los procesados ya habían sido liberados, pero un peritaje fiscal los señala de haber cometido peculado. / DEM


Los miembros del ex concejo municipal de San Antonio Masahuat, La Paz, fueron detenidos ayer y enviados a juicio por el delito de peculado (apropiarse de bienes del Estado) que la Fiscalía General de la República les atribuye.

El exconcejo del partido ARENA, liderado por quien fue alcalde, Armando Vásquez, el exsíndico, Abelino Hernández Henríquez y otros seis exregidores fueron detenidos el 8 de noviembre del año 2016, pero en la audiencia preliminar el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat, les decretó un sobreseimiento provisional porque no existían suficientes elementos de prueba, sobre todo una pericia financiera contable que demostrara el desvío de $21,559.01 provenientes del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (Fodes) para su beneficio personal.

Con esa resolución, la Unidad Penal del Estado de la Fiscalía disponía de un año para solicitar la reapertura del proceso, por lo que al tener la pericia financiera acudió ante el juez y, ayer, se instaló la audiencia en la que se les ordenó la detención.

Los otros detenidos son: Rigoberto López, exprimer regidor, Manuel Antonio Cornejo, exsegundo regidor; Julio César Herrera, exprimer regidor suplente; Alex Adonis González Arias, exsegundo regidor suplente; Baudilio Antonio Martínez, extercer regidor suplente y Salvador Obispo Vásquez, excuarto regidor suplente.

El Ministerio Público comenzó a indagar el caso tras una denuncia del 2014 que puso la Corte de Cuentas de la República sobre un acuerdo municipal aprobado en diciembre del año 2012.

Se detalla que el concejo de ese entonces decidió erogar los $21,559.01 en concepto de fondo de fiestas, apoyo a la agricultura, transporte y otras actividades.

Sin embargo, investigadores de delitos especiales de la Policía junto a fiscales, al revisar toda la documentación, detectaron que ese dinero era del Fodes.

En la audiencia de reapertura la pericia presentada confirma que esos fondos no fueron utilizados para el pago de bienes y servicios de la municipalidad, sino que sirvieron para cancelar préstamos personales que tenían los imputados con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco, de La Paz.