Al finalizar la audiencia probatoria en contra del expresidente Mauricio Funes, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la exprimera dama Vanda Pignato, la Fiscalía General de la República (FGR) fijó un presunto enriquecimiento ilícito de $1,234,732.67 injustificados y deberá restituir al Estado, si la Cámara Segunda de lo Civil los declara responsables.

Este caso lo inició la Unidad Anticorrupción, de la FGR, con un incremento patrimonial injustificado de $728,329.74 señalado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero en la fase preparatoria, la Fiscalía incorporó documentación que llevó a un peritaje cuyo resultado detectó que entre los tres demandados habían tenido un incremento patrimonial adicional de $249,495.06.

La Fiscalía incluyó el pago por cuentas y tarjetas de crédito que el perito omitió en el análisis financiero y cuyos montos fueron de $168,829.21 de Mauricio Funes y $88,076.88 de Pignato.

Durante cuatro horas, las partes plantearon a las magistradas sus pretensiones, en los alegatos finales. Durante dos horas y media, los fiscales expusieron el caso, detallando los montos que no pudieron ser justificados por los demandados; pidieron que se les declare responsables e inhabilite para ejercer cargos públicos por 10 años.

Mientras que los defensores dijeron que no se ha establecido el incremento patrimonial injustificado y que la Fiscalía llegó a presentar una cuantía calculada mentalmente y presentada en los alegatos, pero que estos no representan ninguna prueba.



Petición fiscal

La Fiscalía pidió a la Cámara que desacredite los puntos de pericia 1,2 y 3, que tienen que ver con las omisiones del perito, al no analizar e incluir documentación sobre préstamos y pagos de tarjetas de crédito de Funes y Pignato, así como la incorporación de fondos donados por el Movimiento “Amigos de Mauricio”, y un crédito rotativo otorgado al expresidente.

Con respecto a las donaciones del Movimiento “Amigos de Mauricio”, por un monto de $639,603.72, la Fiscalía dijo que no debió haberse incorporado porque ese movimiento no tuvo personería jurídica, ni sistema contable.

También, solicitó desacreditar un documento, donde el expresidente afirma que recibió $225,767 en concepto de un crédito rotativo de la empresa Agrosuministros S.A. de C.V., ya que esta entidad no tenía capacidad económica para otorgarlo y Funes no presentó documentación que refleje el desembolso a su favor.

En su cuenta de Twitter, el exmandatario crítico fuertemente a la Fiscalía: “¡Con una Fiscalía así, quien necesita delincuentes”, escribió.

En la tarde, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) restó credibilidad a las publicaciones donde se señalan que el perito de esa institución omitió información en el proceso civil en contra del expresidente.