Las diligencias comenzaron con la imposición de medidas cautelares el 4 de abril de 2017 y cuya etapa de investigación inicial finalizó el pasado 9 de enero con la presentación de la solicitud en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio.
El fiscal Alexis Ayala confirmó ayer que han pedido que 81 inmuebles sean declarados en extinción a favor del Estado; además, 259 vehículos, 57 cuentas bancarias, cinco certificados de depósito a plazo fijo, 21 participaciones accionarias y 16 sociedades, entre las que destacan Agroindustrias Gumarsal S.A de C.V y Hotesa S.A de C.V.
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía estima que, de forma preliminar, todos esos bienes estarían valorados en unos $150 millones según lo informado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
En las investigaciones, la Fiscalía ha individualizado a 15 personas como parte de toda esta organización, pero los principales actores son los empresarios José Adán Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra Umaña, junto a su grupo familiar y empleados de sus empresas que sirvieron de testaferros.
Como personas naturales, habrían lavado $38,061,205.60, entre los años 2003 al 2015, mientras que Agroindustrias Gumarsal S.A de C.V y Hotesa S.A de C.V., de donde se desprenden otras sociedades que, supuestamente, blanquearon en el mismo período, $170,952,288.56.
“Durante la investigación se ha logrado determinar que estos bienes son sujetos de los presupuestos (requisitos) establecidos en el artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio, principalmente en el literal A, por provenir de forma indirecta de actividades relacionadas al lavado de dinero y delitos relacionados a la hacienda pública”, explicó Alexis Ayala, jefe de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía.
El funcionario destacó que los afectados (propietarios de los bienes) han tenido un incremento patrimonial injustificado entre el 2003 al 2016, y por eso les han aplicado el literal C y D, de dicho artículo, que refiere a los incrementos patrimoniales no justificados y los bienes mezclados entre bienes lícitos e ilícitos.
“Mencionaba que la actividad ilícita es establecida en el artículo 5, actividades relacionadas al delito de lavado de dinero y activos en perjuicio de la hacienda pública, en relación al señor José Adán Salazar Umaña, también actividades de delitos relacionados con las drogas”, agregó Ayala.
Con respecto a esta última afirmación, el fiscal no especificó en cuáles casos de droga ha tenido participación Salazar Umaña, ya que en los tribunales salvadoreños el empresario nunca ha sido procesado por delitos relativos a la narcoactividad de forma directa, solamente por lavado de dinero y evasión fiscal.
Las infracciones a las obligaciones tributarias fueron conocidas en dos juzgados de paz de San Salvador en las audiencias y fueron sobreseídos luego de llegar a un acuerdo de pago de los montos evadidos.
En el expediente de extinción de dominio “Chepe Diablo” aparece con 27 bienes, los cuales están embargados y con anotaciones preventivas; de esos, cinco establecimientos de negocios que él dirigía están bajo la administración del CONAB.
Le aparecen, además, 18 bienes inmuebles y cuatro acciones de sociedad.
A Wilfredo Guerra y Juan Umaña Samayoa, ambos prófugos, tienen 13 bienes inmuebles embargados; en el caso de Agroindustrias Gumarsal, son 13 bienes inmuebles los que tiene bajo su poder de forma provisional el CONAB.
La Cámara Primera de lo Penal ordenó, el pasado 29 de noviembre, poner en libertad bajo fianza de $200,000 a “Chepe Diablo”, el empresario hotelero recuperó su libertad los primeros días de diciembre junto a sus familiares.
