Representantes de organizaciones del grupo gestor para la aprobación de esta normativa señalan que esta fue iniciativa que nació mucho antes de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, en agosto del año 2016.
Esa propuesta presentada en la Asamblea Legislativa el 30 de agosto de 2017 es producto de una consulta de año y medio a nivel nacional. “Ya es un reclamo recurrente desde hace más de 25 años que las víctimas están pidiendo verdad, justicia y reparación; esta ley nace, más bien, como respuesta a la insuficiencia del decreto ejecutivo 204 que es la única acción que no ha hecho cualquier gobierno que haya pasado por la república, después de la guerra, de reparación de las víctimas”, explicó Eduardo García, representante de la Asociación Pro-Búsqueda y del grupo gestor.
Según García, en la elaboración de la ley han participado al menos 16 organizaciones de Derechos Humanos y comités de organizaciones locales en donde se planteó que a las víctimas se les debe tomar en cuenta, en el tema de la memoria histórica, salud psicosocial y la reparación económica.
El proyecto de ley consta de nueve capítulos con 69 artículos y parte de la creación de un fondo de reparación integral que funcionará como una entidad de derecho público, con personería y su propio patrimonio, con autonomía en las áreas financiera, administrativa y presupuestaria; este fondo estará bajo la dirección de un consejo directivo.
Dicho ente rector estará integrado por delegados del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Salud, Educación Hacienda y cinco representantes de organismos de Derechos Humanos con personería jurídica y al menos dos representantes deberán provenir de organizaciones de víctimas del conflicto armado.
“Lo que queremos es garantizar un fondo de protección a las víctimas y para lo cual se está pidiendo el 1 % del presupuesto general de la nación y se está garantizando la justicia y se está garantizando algo que han descuidado después de los Acuerdos de Paz como es la reparación psicosocial de nuestras víctimas y la atención médico hospitalaria, donde se toma en cuenta el Seguro Social”, expresó Jaime García, otro de los representantes del grupo gestor.
Además del 1 %, se propone que el fondo de reparación integral sea financiado con el 5 % de los bienes que pasan al Estado como producto de la extinción de dominio; que se destine también el 1 % del monto recaudado en aplicación de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, así como recursos provenientes de bienes, fondos, patrimonio o de sanciones impuestas a quienes se les atribuya el cometimiento de graves violaciones a los derechos humanos.
Para el grupo gestor se debe tener mucho cuidado con el tipo de víctimas a incorporar como beneficiarios ya que solo debe incluir del período de 1 de enero de 1970 al 15 de enero de 1992; la propuesta no es excluyente ya que entran víctimas tanto de la Fuerza Armada y la exguerrilla.
“Esa ha sido siempre la pregunta capciosa que le hacen a las víctimas, porque mayoritariamente han sido agredidas por uno de los bandos, pero eso no pone en menoscabo que una madre, a quien le hayan quitado a su hijo, no tenga el mismo dolor. Se identifican en el dolor no en el hecho. Da igual quien fue el perpetrador. Es la consecuencia, el dolor y la tortura que causó; da igual que tuviera un uniforme guerrillero o un informe militar, eso no es tolerable y como no es tolerable, nosotros apostamos incluso a buscar y sensibilizar a aquellas personas que enterraron a soldados que cayeron en combate y no fueron recuperados porque tienen viuda, tienen un hijo y merecen tener una digna sepultura”, explicó Eduardo García.
Agregó que lo lógico es que el huérfano de guerra, sea del bando que sea, el Estado debe brindar esa atención como ciudadano para que pueda desarrollarse plenamente como persona.
Para lograrlo, será clave el comité evaluador que tendrá el fondo y cuya función será determinar la calidad de víctima, elaborando y actualizando periódicamente un registro. Se podrán desplazar a cualquier zona del país con énfasis en aquellos lugares donde se produjeron violaciones masivas a los derechos humanos para incorporar a las víctimas; el registro estará abierto a incorporaciones por un plazo de diez años.
Las personas que se incorporen después de esos diez años no tendrán derecho a los beneficios de la ley, a excepción de las personas desaparecidas que sean reencontradas con posterioridad al cierre del registro.
Dentro de las medidas de reparación psicosocial se propone incorporar a las víctimas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en igualdad de condiciones con el resto de cotizantes para el goce de todas las prestaciones.
Otro elemento que incluye, es que las personas beneficiadas puedan obtener tierra y vivienda en las condiciones más favorables de las instituciones estatales que otorgan créditos para ese rubro, para lo cual dichas entidades crearán un programa especial de créditos.
También, el anteproyecto de ley menciona un programa de recuperación de tierras en donde el fondo de reparación integral otorgará asistencia legal a las personas que por causas relacionadas al conflicto armado y su propia condición de víctima, hayan sido desplazadas de sus tierras o despojadas de sus propiedades y no las hayan podido recuperar.
“Tienen derecho a ser resarcidas en la pérdida de sus tierras, de sus casas, tenemos 105 mil víctimas sobrevivientes del conflicto armado que están enfermas y se están muriendo”, sostuvo Jaime García.
Eduardo García considera que es importante que se retome la memoria histórica, ya que en estos 25 años la única historia contada es de quienes causaron el daño, es decir quienes estuvieron combatiendo, los firmantes de los acuerdos de paz, pero no se ha contado el sentir de las víctimas del conflicto.
Señala que cuando se retomó la Ley de Amnistía solamente se entrevistó a los militares y exguerrilleros que firmaron los Acuerdos de Paz, pero las víctimas han quedado invisibles.
