Cuando los defensores presentaron el escrito, en un análisis jurídico el juzgado había emitido una resolución en la cual se declaró incompetente para seguir conociendo de la causa, por considerar que los hechos acusados por la Fiscalía General de la República no son de crimen organizado.
A esta sede judicial le llegó el expediente debido a que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, en una resolución se declaró incompetente y señaló que los hechos son de crimen organizado institucionalizado, según la decisión basada en los hechos investigados por la fiscalía y judicializados el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de la capital.
Ante ese conflicto de competencia el proceso fue enviado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los 15 magistrados lo estudien y determinen finalmente si es o no crimen organizado y designen un juzgado para que diligencia la fase de instrucción, pero la CSJ no podrá conocer del caso hasta que la Cámara Especializada resuelva la revocatoria presentada por la defensa.
Enrique Rais es acusado de cohecho activo (ofrecer dádivas), fraude procesal y falsedad ideológica, por los últimos dos delitos lícitos también se acusa a Hugo Blanco Rais, Hilda Guadalupe Trigueros Aguilón Wilfredo Ernesto Gutiérrez y dos exjueces.
