Cámara inmoviliza bienes y cuentas de alcalde de Olocuilta

La Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente confirmó la inmovilización de las cuentas bancarias que el alcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, tiene en dos instituciones financieras.

Al mismo tiempo, la instancia superior informó que el Registro de la Propiedad e Hipotecas le ha notificado que se han impuesto las anotaciones preventivas a tres inmuebles que están a nombre del funcionario.

Mientras que el Registro Público de Vehículos del Viceministerio de Transporte ha puesto también anotaciones preventivas a cinco vehículos propiedad del alcalde.

Las anotaciones preventivas son medidas cautelares impuestas para que esos bienes no sean vendidos, ni traspasados, y en el caso de las cuentas, el alcalde no puede disponer de ese dinero hasta que el proceso civil por enriquecimiento ilícito culmine.

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía atribuye al funcionario un supuesto enriquecimiento ilícito de $207,252.44, esa cantidad surge del informe que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo y en el cual descubrió que el demandado ha tenido un crecimiento patrimonial no justificado y lo resumen en tres irregularidades.

Uno de los señalamientos es con respecto a transacciones bancarias consistentes en depósitos detectados en una cuenta personal de Rodríguez Álvarez, y que según la Fiscalía General de la República provienen de fondos municipales, ese monto cuestionado es de $71,752.44.

Una segunda anomalía que le hallaron a Rodríguez Álvarez en Probidad, es la compra de siete inmuebles por una cantidad de $82,500; esas propiedades, según la Fiscalía, fueron adquiridas durante su gestión de los años 2006 y 2015.

El tercer cuestionamiento es la diferencia de $53 mil producto de la compra de “El Portal”; éste es un inmueble que está frente al mercado municipal de Olocuilta. El expropietario al ser entrevistado por Probidad dijo que se lo había vendido en el año 2012 en $80 mil, pero en la escritura de compraventa se establece que fue obtenido por el funcionario a una cantidad de $27 mil, esa diferencia de $53 mil es la que se le cuestiona ya que no la declaró como parte de su patrimonio.

El edil dijo a Diario El Mundo que él no ha hecho nada incorrecto y que el proceso tiene motivación política.