Hasta ayer en la tarde, el Juzgado no había girado las cartas de libertad. / DEM
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó ayer poner en libertad, bajo fianza y el cumplimiento de una serie de medidas, al empresario José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), de lavar, supuestamente, junto a un grupo de personas naturales y jurídicas $215,167,786.42, entre los años 2003 al 2015.
La misma medida aplica para tres de sus parientes quienes también están incluidas en la resolución, que revoca la detención impuesta el pasado 8 de abril por el Juzgado Cuarto de Paz.
La Cámara ordenó que se emitan cartas de libertad para Sara Paz Martínez Bojórquez, exesposa de “Chepe Diablo”; Susana Noemí Salazar de Cruz, hija del empresario, así como Romelia Guerra Argueta, madre del prófugo Wilfredo Guerra.
A “Chepe Diablo” los magistrados le imponen una caución económica mediante hipoteca o fianza por un monto de $200,000, presentarse a firmar cada 15 días, no salir del país, depositar el pasaporte ante el juez de la causa y no cambiar de domicilio.
En el caso de Romelia Guerra Argueta, Sara Paz Martínez Bojórquez y Susana Noemí Salazar de Cruz, deberán cumplir las medidas, pero deberá pagar una fianza de $100,000 cada una.
La Cámara le ordena al juez Cuarto de Instrucción, Rigoberto Chicas, hacer y enviar las órdenes de libertad siempre y cuando no esté a la orden de otro juzgado donde haya causa penal en contra.
“Chepe Diablo” es señalado por el Ministerio Público de dirigir una estructura de nueve personas donde se incluye al exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y su hijo, Wilfredo Guerra y la esposa de este Tránsito Ruth Mira.
También son acusados Mirian Haydee Salazar, esposa del alcalde de Metapán y José Adán Salazar Martínez, hijo de “Chepe Diablo”; los anteriores cinco imputados son prófugos.
A todos, la Fiscalía General les inició un proceso de extinción de dominio que permitió al Estado administrar 243 bienes que ahora tienen medidas cautelares, anotaciones preventivas y embargos, incluso el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) está administrado las sociedades Agroindustria GUMARSAL S.A. de C.V. y Hotesa S.A de C.V.
En los últimos días, su abogado defensor, Miguel Flores Durel, había hecho público que su cliente estaba en condiciones “deplorables”, y que no le habían permitido verlo; incluso dijo que un custodio del Centro Penal de Zacatecoluca, le impidió la entrada porque su carnet de abogado estaba borroso.
Según el defensor tuvo que cambiar el carnet para poder hacer la visita legal.
Las tres parientes de Salazar guardan prisión, hasta ayer, en cárcel de mujeres ubicado en Ilopango.