Los abogados de los demandados plantearon tres improponibilidades, dos tienen que ver con la exigencia que se hace a García Calderón y su esposa para que detallen los ingresos y depósitos bancarios que hicieron posteriormente al año 2009, cuando ya había culminado su gestión como magistrado. “Nosotros consideramos que esas investigaciones no corresponden a una acción de esta naturaleza”, dijo el abogado Miguel Girón.
El tercer aspecto de improponibilidad se refiere al voto disidente de tres magistrados de la CSJ y que la Fiscalía ha tomado como base para reclamar los $28,283.64 que García Calderón recibió por el retiro voluntario de la carrera judicial.
Los defensores también plantearon una excepción de prescripción de la acción de dos períodos en los que García fungió como presidente, específicamente entre los años 2000-2003 y 2006-2009 y que según los abogados prescribieron en los años 2013 y 2016, pero la cámara dijo que resolverá hasta cuando dicte sentencia definitiva.
La Fiscalía ha sostenido que a García lo han demandado en calidad de funcionario público y no como presidente de la CSJ entre los años 2000 al 2009, y al resaltar que tuvo la calidad de presidente del Órgano Judicial lo hacen porque en el proceso debían de acreditarlo.