Las partes procesales han mostrado su inconformidad por las resoluciones que el Juzgado Cuarto de Paz emitió el 21 y 25 de octubre cuando realizó audiencias iniciales decretando detención y medidas sustitutivas.
Los defensores presentaron nueve recursos de apelación, mientras que el Ministerio Público interpuso uno. Piden a los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, que revoquen la resolución de audiencia inicial que dictó la jueza Nelly Pozas.
En esta causa penal los únicos imputados que están guardando prisión son Luis Martínez y Julio Arriaza, mientras que los ocho procesados con órdenes de captura son: el expresidente Mauricio Funes, el exfiscal general adjunto Edgar Márquez, Wilson Alexander Nieto, Atilio Adalid Pérez, el exjefe de la Unidad de Patrimonio de la Fiscalía; también Francisco José Paredes Valladares, Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci Meléndez.
Otros 20 acusados están con medidas alternas a la detención y las cuales fueron apeladas por la representación fiscal y serán los magistrados quienes decidirán si continúan el proceso penal en libertad o si deben regresar a prisión.
Diligencias
Como parte de las diligencias útiles de investigación, los fiscales han pedido que en la segunda etapa del proceso que comenzó el 14 de diciembre y que culminará el 14 de junio, se realice una pericia financiera contable, con el fin de determinar el monto real que fue supuestamente lavado y peculado por los imputados.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, también ha enviado oficios a la Procuraduría General de la República (PGR) para que designe defensores públicos a Mauricio Funes, Edgar Márquez, Wilson Alexander Nieto y Atilio Adalid Pérez, ya que a pesar de la notificación que el Juzgado Cuarto de Paz les hizo para que se mostraran parte, no comparecieron.
Los abogados públicos deberán estar presentes en las diversas diligencias que se practiquen en la fase de instrucción y su participación finalizará hasta el día de la audiencia preliminar, ya que si los imputados no comparecen serán declarados rebeldes y separados del proceso, porque esa audiencia no se puede hacer si ellos no están presentes.
En esta causa, el Ministerio Público acusa a los 30 imputados por una diversidad de delitos, como: peculado, cohecho activo, cohecho propio, negociaciones ilícitas, omisión de investigación, lavado de dinero, falsedad ideológica y falsedad documental agravada.