El caso comenzó a ser investigado el 13 de noviembre del año 2017 cuando se recibió un aviso de la Secretaría de Instrucción de Procedimientos Sancionatorios de la Dirección Ejecutiva Nacional de Medicamentos.
Se alertó por parte de una empresa de productos cosméticos que una sociedad importadora había ingresado mercadería de forma ilegal al país, extendiéndose visa supuestamente falsificada, debido a que la Dirección General de Medicamentos no había emitido dicho documento.
Ante la serie de irregularidades la Unidad Penal del Estado giró la captura de William Alfredo Cruz Molina, en calidad de oficial aduanero por el delito de incumplimiento de deberes.
Según la acusación, cuando se presentaron los documentos a la Dirección General de Aduanas, se detectó que los visados eran falsos y la documentación adjunta. Otros capturados son los tramitadores aduaneros, Pedro Euclides Andrés Cruz y Edgardo Marcial Barahona, así como Ricardo Ernesto Fernández Sánchez, agente aduanero, señalados por el Ministerio Público por los delitos de uso y tenencia de documentos falsos.
La Fiscalía informó también de la detención de Ana Isabel Catedral de López, en calidad de químico responsable de autorizaciones, por los delitos de falsedad ideológica y uso y tenencia de documentos falsos.