El Departamento del Tesoro lo designó como un capo porque encontró suficiente evidencia civil que “Chepe Diablo” está involucrado directamente con el narcotráfico y sus empresas podrían ser ocupadas para lavar dinero donde se invierten las ganancias de las acciones del narcotráfico.
Los capos nombrados por un presidente estadounidense son personas contra quienes hay abundante información de su involucramiento en la narcoactividad, pero no necesariamente significa que estos capos tengan cargos criminales en Estados Unidos.
A excepción de grandes capos, que sí tenían cargos criminales en ese país, uno de ellos, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera,conocido como el “Chapo Guzmán”, el guatemalteco Waldemar Lorenzana, alias “El Patriarca”, jefe de una organización señalada de trasegar cocaína entre El Salvador y México, y que tiene nexos en Centroamérica y con el Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro ha incluido a la lista a cientos de capos oriundos de naciones africanas, centroamericanas, suramericanas y asiáticas; en contra de ellos hay abundante información de sus nexos con la narcoactividad, pero sin ningún cargo criminal en Estados Unidos.
La Ley Kingpin se ha convertido en una herramienta legal para bloquear civilmente a personas o empresas que, según Estados Unidos, son narcotraficantes y en su máxima lucha antinarcóticos, las autoridades de ese país saben perfectamente que a los narcotraficantes les duele más el golpe a la billetera que un decomiso de droga.
Origen
La Ley de Designación de Capos del Narcotráfico, mejor conocida como Ley Kingpin, es una normativa que data de diciembre de 1999, cuando los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell propusieron que se aprobara una ley que facultara a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), imponer sanciones a los grandes narcotraficantes a nivel mundial, buscar sus empresas, testaferros, prestanombres e incluirlos también en la listas y sancionarlos.
Previo a esta ley estaba vigente la Orden Ejecutiva 12978, que emitió el presidente Bill Clinton, la cual dio poder a la OFAC para imponer sanciones sólo a narcotraficantes de Colombia; era muy limitado, empezaron con el Cártel de Cali, el Cártel del Norte del Valle, y bajo esa orden, que sigue vigente, se comenzó con los narcotraficantes de Colombia: sus empresas, sus testaferros y sus lavadores, hasta incluir más de 1,700 nombres de personas consideradas como narcos colombianos.
Fue tan grande el impacto y golpe hacia los narcos de Colombia, en particular el Cártel de Cali, que en 1999 el Congreso dijo que le gustaba lo que estaban haciendo en Colombia, pero que se reconoce que hay narcos en todos los países y entonces se amplió a nivel mundial para perseguir narcos en todos las naciones. Hasta la fecha, bajo la Ley Kingpin, se han incluido 1,600 capos del narcotráfico.
Bajo el proceso de la ley, cada año antes del 1 de junio, los expresidentes, empezando Bill Clinton, luego George Bush y Barack Obama, reportaron al congreso los nuevos capos que iban incluir a la lista, lo cual empezó antes del 1 de junio de 2000 y los primeros fueron “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero, de México; entonces es una lista acumulativa en la que se nombra cada año a los grandes capos del narcotráfico.
“Chepe Diablo” bloqueado en Estados Unidos
El 30 de mayo de 2014, el Departamento del Tesoro, luego de una orden firmada por el presidente Barack Obama, incorporó al empresario José Adán Salazar Umaña, a una lista de capos de la droga, basándose en la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico, mejor conocida como Ley Kingpin; al incluirlo en esa lista le impuso un bloqueo para que no pueda hacer transacciones con Estados Unidos, es decir, que ninguna empresa, ciudadano o residente de ese país puede hacer negocios con él.
Salazar Umaña es dueño de seis hoteles a través de su empresa Hotesa, S.A. de C.V., entre ellos están: los hoteles Capital, en San Salvador; Tolteka Plaza, en Santa Ana; Bahía Dorada, en la Costa del Sol; Las Palmeras, en Sonsonate; Pacific Sunrise, en La Libertad y Sevilla, en Usulután.
¿Cómo designa EE.UU. a un capo o lavador de dinero?
El Departamento del Tesoro revisa un caso desde la ley civil y no de una ley criminal; es decir, que cuando se comienza a investigar a una persona o empresa, se busca evidencia civil para creer que el indagado es testaferro de determinado capo, o que una empresa es de un narcotraficante.
El caso tiene que presentarse por dos niveles de jurisdicción legal en el gobierno: primero tiene que ser aprobado por un abogado del Departamento del Tesoro especialista en la ley de sanciones, es decir, que los abogados tienen que presentar las evidencias del caso para incluir a la persona o empresa a la lista.
Una vez que los abogados tienen aprobados, por ejemplo diez nombres, esos nombres con la evidencia, van a un fiscal civil del Departamento de Justicia; si alguien los demanda, esos fiscales civiles del Departamento de Justicia irían a defender frente a la demanda civil en contra del Departamento del Tesoro.
Cuando el abogado del Departamento del Tesoro y el fiscal del Departamento de Justicia aprueban la evidencia, la Ley Kingpin establece que las siete agencias del gobierno (Departamento de Justicia, DEA, FBI, ICE, Departamentos de Defensa, Estado y la CIA) deben estar de acuerdo antes de publicarlo.