Ayer, el abogado Miguel Flores Durel, en representación del empresario, interpuso un escrito pidiéndole al juez Rigoberto Chicas, que prevenga a la Fiscalía General de la República para que presente un dictamen fiscal conclusivo solicitando un sobreseimiento provisional.
Según el defensor, la pericia contable financiera es clave para una eventual acusación, pero al no estar terminada el Ministerio Público no tiene elementos para solicitar pasar a una siguiente etapa.
Ante este impase, la Fiscalía puede solicitar que se decrete un sobreseimiento provisional y cuando ya esté finalizada la pericia, acudir ante el juez con un escrito de reapertura del caso.
Otra opción de la representación fiscal es presentar el dictamen de acusación y ofrecer el peritaje como prueba para que se incorpore antes de la audiencia preliminar; recientemente, la Unidad de Investigación Financiera (UIFI) utilizó esa estrategia en el caso por supuesto lavado de dinero en contra de la exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca y 14 imputados más.
Peritos
En el proceso penal contra Salazar Umaña consta un escrito que los peritos presentaron al juez en el cual le informan que no podrán terminar el procesamiento de la información y su respectivo análisis para luego elaborar el informe de la pericia financiera contable.
Expresan que necesitan de seis meses más para culminarlo, pero el Juzgado Cuarto de Instrucción les responde que no es posible otorgar un tiempo adicional de seis meses para presentar la pericia ya que la instrucción está por concluir. En este caso ya la Fiscalía había pedido una prórroga, la cual fue autorizada, por lo que el juez no puede otorgar una segunda ampliación del plazo.
Los peritos fueron juramentados el 6 de septiembre del año 2017, cuando el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, puso a su disposición toda la documentación que consta en el proceso y que ha sido recopilada por el Ministerio Público.
En esa fecha, el juzgado pidió a los expertos que tenían como plazo límite para entregar el peritaje, el 13 de diciembre de ese año, ya que en esa fecha culmina la etapa de instrucción.
Pero cuando ya estaba por terminar el plazo de la fase de investigación, la Fiscalía solicitó al juez otorgar otros seis meses de instrucción argumentando, entre otros puntos, que los peritos no habían terminado el análisis financiero contable, por lo que se autorizó la prórroga hasta el 13 de junio.
Este proceso penal es promovido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, contra cuatro imputados presentes y cinco ausentes, desde que se judicializó la causa, el 7 de abril de 2017, la Fiscalía acusó a los nueve. En la audiencia inicial solamente acudieron José Adán Salazar Umaña, Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Nohemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta, quienes gozan de libertad bajo fianza.
Mientras que con orden de captura vigente está el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra, José Adán Salazar Martínez, Tránsito Ruth Mira de Guerra yMiriam Haydee Salazar de Umaña.