Cuando se hizo esa pesquisa, Marlyn Liseth Carballo Flores, empleada del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, supuestamente informó a integrantes de esa pandilla que los estaban investigando y que los iban a capturar.
Con esa fuga de información, investigadores ampliaron las indagaciones y detectaron que con la red también estaban colaborando cuatro policías, fiscales, abogados y que incluso los tres exjueces estaban siendo sobornados para favorecer no solo a pandilleros, sino que a narcotraficantes de la zona oriental.