La mayor pena fue impuesta a José Leonidas Gómez Cuéllar, alias “Pepe”. El Juzgado Especializado de Sentencia “A” le impuso 280 años por tráfico ilícito, diez por lavado de dinero y similar condena por facilitación de locales e inmuebles.
Durante la vista pública, el juez dijo que la Fiscalía le probó la participación que “Pepe”, como cabecilla de la estructura, tuvo una participación en todos los hechos. En las pesquisas se determinó que era el contacto directo con Marlon Francesco Monroy Meoño, alias “El Fantasma”, un exmilitar guatemalteco que los imputados llaman “El Teniente”.
En su fallo, el juez Godofredo Salazar dijo que en la carpeta judicial puesta a su disposición encontró una fluida comunicación que “Pepe” tuvo hacia Guatemala y que, según la representación fiscal, eran llamadas realizadas a “El Teniente” quien tenía su base de operaciones en ese país. Todos hablaban de La Granja, refiriéndose al inmueble desde donde se gestaba toda la logística de la organización.
A “Pepe”, según Salazar, se le detectó constante comunicación local con el resto de los imputados; le hallaron además aparatos GPS (Sistema de Posicionamiento Global) en los que se encontraron activaciones en zonas costeras de Colombia y Ecuador, así como del litoral salvadoreño y de países como Costa Rica y Panamá.
Al revisar el análisis financiero de Gómez Cuéllar, se encontró que recibía remesas desde Guatemala y que además tenía fondos disponibles para comprar lanchas y vehículos que la red local ocupaba para movilizar a sus miembros, incluso dos automotores que fueron puestos a nombre de un testigo criteriado, los cuales fueron encaletados para transportar droga, armas y dinero.
Criteriados
El juez Godofredo Salazar, cuestionó a la Fiscalía General de la República por el trato desigual que dio en este caso a dos testigos criteriados. Manifestó que a uno no le otorgaron ninguna medida de protección, pues se expuso ante los imputados y todos sus datos personales fueron del conocimiento público.
Mientras que a otra testigo que desde el principio se le investigó e incluyó en el requerimiento, se le otorgó un trato diferente y asignó la clave “Artis” para no exponerla, incluso hasta declaró con distorsionador de voz.
Ante esa crítica del juez, uno de los fiscales del caso sostuvo que esas son decisiones que como Ministerio Púbico se toman y que están en la facultad de hacerlo según ellos consideran necesario.
