El caso ha llegado a la Corte a través de un amparo que presentaron los abogados José López y Julio Montenegro, quienes argumentan que el Ministerio de Gobernación, de ese país, le otorgó de forma arbitraria la ciudadanía nicaragüense al exmandatario salvadoreño, Mauricio Funes y a su familia.
Ese beneficio también le fue otorgado a su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, sus hijos, Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes Cañas y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, núcleo familiar que desde el año 2016 se fueron a Nicaragua donde recibieron asilo político.
Los dos abogados acudieron a la última instancia, luego que Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, que según el periódico La Prensa, es presidida por el magistrado orteguista Gerardo Rodríguez , rechazara una apelación en octubre del año 2019,
En el amparo, los demandantes pedían que se suspendiera el acto reclamado es decir la ciudadanía, pero la CSJ solamente lo admitió para comenzar a estudiar el caso y escuchar a las partes involucradas, entre ellas a la Procuraduría General de la República (PGR) que defiende los intereses del Estado.
En la publicación de La Prensa, el abogado Julio Montenegro les explica que todo el proceso, desde el otorgamiento de asilo político al expresidente Funes, en septiembre del 2016 fue de una forma expedita, por el excanciller Samuel Santos, y que lo mismo se hizo con el otorgamiento de de la ciudadanía, no se cumplieron con los plazos establecidos en la Ley de Migración y por ende señala que es arbitrario.
Los casos
En El Salvador, Mauricio Funes tiene cinco órdenes de captura, la primera se le giró por el caso conocido como “Saqueo Público” y el principal delito es lavado de dinero porque según la Fiscalía, de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público sustrajo como partida de gastos reservados $351,035,400.49.
En el caso conocido como “El Chaparral”, el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, también le giró orden de captura por los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado.
El expresidente también tiene órdenes de detención en el caso “Corruptela” y divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Todos esos expedientes están en la fase de investigación, tres en el Juzgado Séptimo de Instrucción y uno en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador.
Funes también estaría señalado de haber pagado sobornos al exfiscal general salvadoreño, Luis Martínez, para que no lo investigara en el caso de la construcción de la presa Hidroeléctrica, El Chaparral, según una investigación fiscal que señala al exfiscal de haber recibida dádivas de varias personas, incluídos empresarios.