El abogado Samuel Merino afirmó que apelará este miércoles 7 de julio ante la Cámara Primera de lo Penal, la condena de 33 años que el Tribunal Primero de Sentencia impuso contra el abogado Víctor Manuel Melgar González, pues está convencido que su cliente no cometió delitos, sino faltas.

El pasado l 16 de junio, el tribunal lo encontró culpable de cinco casos de soborno y uno de tráfico de influencias. Este último ilícito fue por favorecer al expresidente Elías Antonio Saca y su secretario privado, Roberto Élmer Charlaix, en un proceso civil por enriquecimiento ilícito que la Cámara Primera de lo Civil desarrollaba.

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Merino afirmó que planteará un recurso de apelación con el cual “un tribunal de alzada, o la Cámara Primera de lo Penal va a conocer, sí el Tribunal actuó apegado a la normativa penal y procesal penal al momento de emitir la condena o sí ha hecho una interpretación errónea del artículo 335 que habla del cohecho activo”.
Esta defensa sigue manteniendo firme de que los hechos concretos por los cuales acusó Fiscalía (a su cliente) son de naturaleza disciplinaria o ética que podría ameritar para los empleados del juzgado: secretario y colaboradora una sanción de naturaleza ética o administrativa”. Samuel Merino, defensor del abogado Victor Melgar.

Merino dijo que podría implicar una sanción de naturaleza administrativa para su defendido, como por ejemplo, la suspensión por un año del ejercicio de abogacía.

Dijo que los hechos que se dieron en el transcurso de 2017 como tales en el Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, no tienen la misma trascendencia para poder elevarlo a delito penal.
No se ofreció dinero o se dijo que se iba a dar ventaja económica a un empleado de un órgano judicial para que se pusiera en libertad a una persona procesada o que se le diera medidas sustitutivas; no era ese el asunto”. Samuel Merino, defensor del abogado Victor Melgar.

Al contrario, los hechos refieren que los empleados del Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez hacían del conocimiento de su defendido (que es abogado también) que había un nuevo proceso en el juzgado y que él fuera a tomarlo.

“Por hacerle de su conocimiento, darle los datos y que fuera a visitar al procesado a una bartolina, el imputado debía dar $20 y $25 a los empleados judiciales”, explicó Merino.

Al final, la jueza afirmó que quedó establecido que a cambio de dinero y un precio por cada favor, el abogado Melgar González corrompió la función o el servicio público y gratuito de los empleados judiciales, tras su directa relación entre él y los imputados.