Organizaciones que defienden los derechos de la mujer expondrán, este miércoles, sus alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Manuela” condenada a 30 años tras sufrir complicaciones obstétricas.

El Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto sostienen que la negación y penalización de servicios de salud reproductiva en El Salvador derivó en la muerte de Manuela en el año 2010.

Según detallan las organizaciones, Manuela vivía en la zona rural y padecía de un cáncer linfático que no le había sido diagnosticado, a la vez que afrontaba un tercer embarazo.
Un día de 2008 se dirigió a una letrina cercana a su vivienda obligada por un fuerte dolor pélvico y abdominal. Sus defensoras argumentan que Manuela sabía de su embarazo pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica, que derivó en la expulsión de un feto y su desmayo, “se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud”. explican las organizaciones defensoras en un comunicado.

Denuncian además que fue el personal médico del hospital en que fue atendida que avisó sobre el supuesto aborto, además de que la Policía le interrogó sin presencia de un abogado y la encadenó a la camilla.
Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado luego de graves irregularidades en el injusto proceso penal que enfrentó”. señalaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció el caso en 2012 y en 2019 la misma instancia lo presentó en la Corte IDH por “considerar que el Estado salvadoreño había violado varios derechos humanos de Manuela, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, a las protecciones y garantías judiciales”.

Las organizaciones piden que la Corte IDH reconozca, la penalización absoluta del aborto y su impacto en las mujeres en las situaciones más vulnerables; la entrega de información médica confidencial a autoridades de forma arbitraria; los razonamientos que consideran que las mujeres deben primar la vida de un feto por sobre la propia; y que las detenciones de mujeres que se encuentran recibiendo atención obstétrica constituye tortura.

La audiencia se celebrará en San José, Costa Rica, este 10 y 11 de marzo de forma virtual y las organizaciones destacan que el estado salvadoreño estará obligado a cumplir la sentencia puesto que reconoció la jurisdicción de la Corte en 1995.