Denuncian a procuradora de derechos humanos en siete instituciones

Supuestas irregularidades de la titular de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara llevaron a la junta directiva del sindicato de esa institución a interponer una serie de denuncias en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), en la Comisión Política y Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa; la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Tribunal de Servicio Civil (TSC), la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los señalamientos de los directivos del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Seprodehes) van desde el incumplimiento de cláusulas de un laudo arbitral que la misma funcionaria aceptó antes de ser inscrito en el Ministerio de Trabajo, hasta la supuesta adjudicación de plazas de parientes cercanos y despidos de empleados con Ley de Salario sin seguir el debido proceso.

Diario El Mundo buscó una posición oficial de la funcionaria denunciada y al ser entrevistada dijo: “yo definitivamente niego todas esas acusaciones, de hecho voy a promover todos los recursos que la ley me franquea para desvirtuar todas esas situaciones”.

Previo a sus declaraciones, la funcionaria fustigó a este medio diciendo que, ella pensaba que la entrevista era para abordar temas de interés nacional; en respuesta se le expresó que cuando una alta funcionaria encargada de velar por los Derechos Humanos tiene tantas denuncias en su contra, se convierte en un tema de interés nacional.

Caballero de Guevara sostuvo que cumplirá un año de gestión (el 22 de septiembre) y ha tratado de hacer “lo mejor posible”, pero son dos personas las que no están de acuerdo y han iniciado una campaña de difamación en su contra, ya que no tienen injerencia como en el pasado en la toma de decisiones del titular de la PDDH.

Los denunciantes señalan que la funcionaria está violando normativas como la Constitución, la Ley del Servicio Civil y los convenios internacionales de la OIT; además de, supuestamente, atropella al sindicato constituido el 12 de marzo de 2012 porque no ha cumplido una de las cláusulas del laudo arbitral: el reconocimiento efectivo de la junta directiva y reunirse el último jueves de cada mes. La última vez que se reunieron fue en marzo y desde entonces ha cerrado completamente el diálogo.

La junta directiva del sindicato ha hecho graves señalamientos en al menos seis instituciones y que según ellos, es atentatorio en el buen funcionamiento administrativo de la PDDH. El sindicato ha denunciadoun supuesto nepotismo en el que habría incurrido Caballero.

“Ella comenzó contratando personal que resultaron parientes del esposo, ha tomado medidas de ascender al personal sin el debido proceso, incluso llegó a aumentarle el salario a un grupo de jefaturas sin ningún proceso previo; puso y nombró personas por Ley de Salario y mantuvo durante casi ocho meses la Comisión de Servicio Civil sin funcionar, y aunque en la actualidad funciona, no hace uso de ella para los procedimientos, porque acaba de despedir a tres compañeros el último día de agosto sin más que enviar un memorándum en el cual notifica que la persona ha perdido la confianza, aunque no sea personal de confianza; y que además ha incumplido una serie de normativas institucionales y por lo tanto queda despedido y cesa la relación laboral de la institución con esas personas, sin ningún tipo de procesos”, dijo uno de los directivos del sindicato.

Según los denunciantes, la procuradora en ningún momento instaló la Comisión de Servicio Civil, a pesar que se otorgaron plazas por Ley de Salario. En un escrito presentado el pasado 20 de julio al Tribunal de Servicio Civil, y al cual se tuvo acceso, la junta directiva de Seprodehes solicitó la nulidad de 31 contrataciones, 21 ascensos e incrementos salariales autorizados por la titular de Derechos Humanos.

En el escrito se argumenta que “Raquel Caballero de Guevara, valiéndose de que la Comisión de Servicio Civil estaba desintegrada, ha autorizado dichos actos, violentando el principio del debido proceso y el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil”.

El artículo 3 de la referida ley establece que toda plaza, cargo o empleo público solo podrá ser creado o suprimido por la ley y para tomar posesión o entrar a desempeñar el cargo o empleo el funcionario o empleado deberá ser nombrado de conformidad a la misma, pero los denunciantes dicen que esto no se hizo, puesto que la Comisión de Servicio Civil estuvo desintegrada por ocho meses y por lo tanto no efectuó y calificó las pruebas de idoneidad para las 31 contrataciones.

En el escrito presentado al Tribunal de Servicio Civil, se mencionan los nombres de las 27 personas a quienes se les otorgó ascenso e incremento salarial, entre ellos a Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, quien según los denunciantes, es hijastra de la procuradora y en menos de un año le hicieron tres incrementos, hasta adjudicarle un salario de $1,900; en la misma lista mencionan a José Reynaldo Campos. Los sindicalistas dicen que es el esposo de la sobrina de la procuradora y ocupa el cargo de jefe del Departamento Administrativo.

Y entre las 31 nuevas contrataciones denuncian que la titular de la PDDH le otorgó la plaza de Asistente II, con un salario de $1,350, a su hijastra Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya; que además contrató a un policía sin título profesional y le ha puesto un salario de jurídico y ha nombrado como subjefe administrativo.

 

Los sindicalistas señalan que Gaby Guevara es hijastra de la procuradora.





Denuncia ante el Tribunal de Servicio Civil pidiendo nulidad de 31 contrataciones y 27 ascensos.