Luis Martínez tiene pendiente el juicio por el que fue capturado inicialmente, causa que está ligada a Enrique Rais. / DEM
La vista pública en contra del exfiscal general Luis Martínez; el exjefe de Intereses del Estado, Julio Arriaza y el abogado Héctor Francisco Grimaldi, fue suspendida ayer debido a diligencias que el Tribunal Tercero de Sentencia no cumplió y por falta de un informe que la Fiscalía General de la República no remitió.
Se informó que el pasado 1 de septiembre en una audiencia especial de delimitación de prueba, Martínez y Arriaza, solicitaron una copia de la resolución que el Juzgado Octavo de Instrucción emitió el 15 de noviembre de 2018, en la cual se les mandó a juicio, y otros documentos que servirán para ejercer su defensa.
El Tribunal mediante un oficio dejó constancia que lo requerido por los dos imputados no se les pudo enviar al penal de Mariona, donde están recluidos, ya que la Oficina de Citaciones y Mensajería del Centro Judicial Isidro Menéndez no ha llevado documentos a ese reclusorio, por la emergencia de la pandemia de covid-19.
Esa sede judicial, a través de la Unidad de Prensa del referido centro judicial, informó que el juicio también se suspendió porque la Fiscalía General de la República no ha presentado la nómina de testigos que diariamente llegarán a rendir su declaración.
La diligencia fue reprogramada para el próximo 21 de septiembre y será del conocimiento de un solo juez. Se le ha prevenido a fiscales y defensores que si para esa fecha tienen señaladas otras audiencias, den prioridad a la vista pública para evitar que se siga reprogramando e incurriendo en gastos de recursos del Estado.
A fiscales y defensores se les hace ver que es su responsabilidad hacer comparecer a los testigos que han ofrecido y que están obligados a presentarlos en el juicio debidamente identificados.
Martínez es procesado por omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, mientras que Arriaza y Grimaldi, son acusados de fraude procesal.
La Fiscalía dice que se fabricaron prueba falsa para judicializar casos en los tribunales y supuestamente favorecer a los empresarios prófugos, Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco Rais.