Los defensores de los acusados negociaron con la representación fiscal penas mínimas de tres años por cada delito; para el caso de Rodríguez Arteaga, la Fiscalía solicitó ayer al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que lo condene a tres años por lavado de dinero e igual pena por el delito de peculado (apropiarse de bienes del Estado).
Mientras que para Herrera Castellanos, el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de tres años por peculado. Tras la petición hecha por los representantes de la Fiscalía, los jueces le preguntaron a los dos imputados si voluntariamente habían decidido someterse al procedimiento abreviado y por ende confesar los hechos.
Ambos respondieron que era su decisión hacerlo, Herrera Castellanos, al afirmarle al tribunal lo hizo de una forma normal, no así Rodríguez Arteaga, quien se mostró nervioso e inquieto, al grado que estuvo a punto de quebrantarse en su estado de ánimo; Saca y César Funes lo reanimaron.
El exjefe de la Unidad Financiera sabía que estaba aceptando recibir una condena de seis años en prisión y lejos quedó su discurso de inocencia y que solo obedeció órdenes de Saca y Charlaix, en la gestión presidencial de los años 2004-2009.
De los siete imputados, el único que no se adhirió al procedimiento abreviado fue Pablo Gómez, quien fue contador del exsecretario privado de la Presidencia Elmer Charlaix; el contador de profesión, decidió enfrentar el proceso ordinario confiado en que los resultados serán favorables.
A diferencia del resto de los acusados, mantiene su posición de inocencia como lo hizo desde el principio y que su función como empleado de Casa Presidencial fue única y exclusivamente cumplir con las órdenes que recibía.
A partir de este jueves, los jueces han programado las confesiones de los seis imputados que se han sometido al procedimiento abreviado.