El alcalde del municipio de San Alejo, departamento de La Unión, Inmar Daniel Barrera Chávez, de 44 años, fue enviado a juicio por el delito de negociaciones ilícitas que la Fiscalía General de la República le atribuye.
El funcionario municipal supuestamente favoreció a la empresa Perforaciones Dos Mil, S.A. de C.V., otorgándole un proyecto de introducción de agua potable a cambio de $3,000.
Para que el hecho se consumara tuvieron un papel clave el gerente jurídico de esa alcaldía, José Julián Flores Arias, de 38 años, quien desde que fue judicializado el proceso fue declarado rebelde y separado del mismo hasta que sea detenido.
El Ministerio Público también incluyó en la acusación al jefe de la UACI de la referida comuna, Lindolfo Azael Canales Campos, por el mismo delito.
Mientras que por el delito de cohecho activo (soborno), enfrentarán el juicio, el propietario y dos empleados de la empresa Perforaciones Dos Mil, S.A. de C.V., Inmar de Jesús Romero Herrera, Juan Francisco Zelaya Morales y Ana Gilma Cruz de Orellana.
Al finalizar la audiencia preliminar, el Juzgado 3o. de Instrucción de San Miguel, determinó que existen los suficientes elementos de prueba para que el caso fuera elevado a juicio y que los cinco imputados presentes enfrenten una vista pública.
Con el auto de apertura a juicio decretado, el caso ha pasado al Tribunal Segundo de Sentencia de esa cabecera departamental donde se decidirá la situación jurídica de los acusados.
Entre los elementos probatorios que la Unidad de Administración de Justicia de la oficina fiscal de San Miguel incorporó al expediente, está una serie de documentos donde se verifica el procedimiento seguido para adjudicar la obra.
También hay prueba testimonial obtenida en la fase de instrucción, la Fiscalía entrevistó a personas que conocieron la ejecución del proyecto y encontraron información comprometedora que vincula a los procesados en los delitos acusados.
Entre la prueba pericial que la Fiscalía General de la República ha anexado, hay evaluaciones que expertos realizaron al proyecto de perforación de un pozo profundo para abastecimiento de agua potable en el cantón Terrero Blanco, caserío El Caraón, del municipio de San Alejo, por un monto de $24,000.
6 Las personas
procesadas por este hecho que la Fiscalía judicializó en el Juzgado de Paz de San Alejo.
5 Los imputados
que han enfrentado el proceso penal, uno es ausente y fue separado del expediente.