El caso comenzó a ser investigado, tras una denuncia recibida en sede fiscal el 16 de agosto del año 2017, ese día se reportó un hurto de 4,073 vales para combustible en la Gerencia Administrativa, de la sede la Lechuza, ubicadas en la alameda Manuel Enrique Araujo, San Salvador.
En el informe proporcionado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se detalló a la Fiscalía General de la República que cada vale hurtado tenía un precio de $10, haciendo un monto total de $40,730 y que podían ser reclamados en cualquier sucursal de una gasolinera autorizada por el MOP.
La investigación fue realizada en la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR) y al finalizar las pesquisas se concluyó que, supuestamente, Lara Chávez sustrajo los vales y por ser un empleado público la figura delictiva en la que habría incurrido es peculado y así fue acusado en el Juzgado Cuarto de Paz.
Al finalizar la audiencia inicial, el juzgado consideró que los indicios presentados por el Ministerio Público son suficientes para que el imputado siga preso hasta que se realice la audiencia preliminar en el Juzgado Cuarto de Instrucción.