Cuatro pandilleros están presentes en el juicio, el resto está vía videoconferencia. / Cortesía
Una estructura de 28 integrantes del barrio 18, facción revolucionarios, enfrenta desde ayer una vista pública por los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas, atribuidos por la Fiscalía General de la República (FGR).
El juicio es realizado por el Juzgado Especializado de Sentencia “B”, de San Salvador, y en los alegatos iniciales la representación fiscal expuso que logrará probar que los pandilleros cometieron cuatro homicidios.
Entre los hechos cometidos está el homicidio del agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Giovanni Baltazar Escobar Pérez, quien fue atacado con arma de fuego por la estructura en el pasaje 6, de la colonia el Tikal Norte de Apopa, al norte de San Salvador.
El policía fue asesinado el 17 de junio de 2015 y estaba destacado en el Sistema de Emergencia 911 de le delegación de Soyapango, y fue interceptado por los pandilleros cuando regresaba de una reunión familiar.
El agente había ingresado a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en la promoción 63, graduándose en el año 2000; en su tiempo de servicio en la PNC estuvo destacado en diversas unidades.
El policía dejó en la orfandad dos hijos, uno de 10 años y un niño de ocho meses.
Casi un mes después, Katherine Tatiana Landaverde, de 20 años, fue asesinada en la colonia Tikal Sur, de Apopa. La joven, quien era hija de crianza del agente policial, fue acribillada en el interior de un negocio en el que trabajaba.
En el juicio no se ha especificado si la estructura fue la responsable del hecho, pero extraoficialmente se conoció que los pandilleros la habrían mandado a asesinar porque era testigo del crimen de su padre de crianza.
En la vista pública se conoció, ayer, que la orden de asesinar al agente Escobar Pérez, fue girada por los pandilleros Jonny Alfredo Rivera y William Ramírez, quienes desde un centro penal le instruyeron al cabecilla César Montoya, que se encontraba en libertad para que cometiera el crimen; testigos señalan que al final, el encargado de ejecutar el homicidio fue José Oliva García.
En cuanto a las organizaciones terroristas, la Fiscalía General de la República acusa a los pandilleros de haber estado extorsionando a pequeños comerciantes de los municipios de Apopa y San Salvador, a quienes mantenían amenazados para que pagaran diversas cantidades de dinero.
Varios testigos señalan a los imputados como los responsables de cometer los homicidios y de estar cobrando las extorsiones.