Funes ha defendido, en redes sociales desde Nicaragua, que goza de asilo político y que su detención y la extradición no proceden. / DEM
El juez Quinto de Instrucción de San Salvador, Edward Sidney Blanco, envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la solicitud de extracción del expresidente Mauricio Funes y sus familiares asilados en Nicaragua.
La Fiscalía General de la República pidió al juzgador iniciar los trámites de la extradición el pasado 13 de septiembre y 16 días después se remitió a la CSJ junto a la certificación de las diligencias, con el fin de requerir a Nicaragua que Funes y sus familiares sean entregados a las autoridades salvadoreñas.
Al enviar la petición fiscal a los magistrados de la CSJ, Blanco dice que el jefe de la Oficina Central Nacional de la Policía Internacional (Interpol) El Salvador, inspector Alfredo Orlando Nolasco Acosta, le informó que no se ha emitido difusión roja para el expresidente de la República, Mauricio Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y los hijos del exmandatario, Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas.
“Debe advertirse que a criterio del suscrito no resulta indispensable la aplicación de una notificación roja para proceder con la solicitud de extradición” dice el juez.
Agrega que la difusión roja es solo un mecanismo de cooperación policial internacional con miras a detener una persona en cualquiera de los países miembros de la Interpol, contrario a la existencia de una orden de captura internacional que su tribunal tiene vigente y que es indispensable para tramitar una solicitud de extradición.
“No obstante, la negativa a la publicación de las notificaciones rojas en contra de los procesados referidos, será valorada y decidida por la Corte Suprema de Justicia” menciona el juez Blanco.
El caso
Según la Fiscalía, Mauricio Funes, creo una red sofisticada para apropiarse de $351,035,400.49 en su administración comprendida entre los años 2009-2014 y tuvo como aliados supuestamente a sus más cercanos colaboradores que en total 31 imputados en el caso conocido “Saqueo Público”, iniciado en los juzgados en junio de 2018.
El Ministerio Público cuando solicitó la extradición invocó que El Salvador ha ratificado la Convención Interamericana contra la corrupción donde se retoma el tema de la extradición; así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece la obligación de cooperación internacional y extradición.
Arresto para Vanda
La Cámara Segunda de lo Penal, tras llamar al magistrado suplente Martín Rogel, también resolvió cambiar la detención en contra de la ex primera dama, Vanda Pignato, a arresto domiciliar. En este caso, la ex primera dama es acusada de lavado de dinero.
En el mismo caso, la Cámara confirmó la detención provisional ordenada contra 13 imputados y denegó la solicitud de medidas que los defensores había pedido en los recursos de apelación.