Al no iniciar el juicio, la Fiscalía General de la República y la defensa acordaron que se quedarían revisando la abundante prueba documental incorporada con el fin de depurarlas y tenerla lista para presentarla a los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, probablemente este jueves.
La Fiscalía General acusa a los dos exfuncionarios por los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios, pretenden que al finalizar el juicio se dicte una sentencia condenatoria.
Según la acusación de la representación fiscal los exfuncionarios supuestamente administraron fraudulentamente $200,193.19, de las tiendas institucionales de la Dirección General de Centros Penales.
Ese dinero a juicio del Ministerio Público era un patrimonio institucional, pero los imputados habrían utilizado esos fondos para otras actividades, entre ellas el pago de inteligencia penitenciaria durante el período que duró la tregua entre pandillas.
En las pesquisas fiscales se ha detallado que en el año 2012, se desviaron de las tiendas institucionales $46,600 para pagar servicios de inteligencia; en el 2013, los gastos aumentaron en $114,393.19 y en el año 2014, los gastos para esa actividad fueron $47,400.
Rodil Hernández, estuvo al frente de la Dirección General de Centros Penales, entre el 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2017, mientras que Nelson Rauda, estuvo fungiendo como titular de esa institución entre el 8 de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013.