Un “testigo protegido” declaró este jueves ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que el exfiscal general, Luis Martínez, en 2014 ordenó con carácter de urgencia cerrar el expediente No. 22UIF2014 con el que se procesaba a José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, el exalcalde de Metapán, Juan Umaña, su hijo Wilfredo Guerra y otras seis personas, por el delito de lavado de dinero y activos.
En el décimo día de juicio contra Salazar y la familia Umaña, el testigo, un exfiscal, afirmó que el expediente se había abierto, luego de recibir una certificación de la Unidad contra el Crimen Organizado que procesó a José Adán Salazar y su grupo familiar por evasión de impuestos y que en dichas diligencias, se detectaron supuestos “visos de lavado de dinero y activo”.
Las declaraciones del testigo nos abonan porque en la hipótesis de la defensa José Salazar Umaña había salido de las listas OFAC en las que era señalado como un capo nacional”. dijo una de las fiscales.
La OFAC es la Oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales por casos de lavado de dinero.
La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (UIF) retomó el caso, recabó toda la información financiera y tributaria necesaria que vinculaba en el ilícito a los nueve imputado; y presentó la acusación fiscal al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, al tiempo que solicitó la autorización para realizar la pericia financiera contable con la que se pretendía probar los ilícitos y la participación de los señalados.
El trámite no había transcurrido unas horas en sede judicial cuando el fiscal general, Luis Martínez reaccionó “muy molesto” por la diligencia que sus auxiliares habían realizado en sede judicial.
No sé cómo le van hacer, pero deben dejar sin efecto esa babosada”. afirmó el testigo que expresó a gritos Luis Martínez.
¿Qué sucedió? Luis Martínez ordena el archivo y que se devuelva la información o la evidencia que iba a dar todos los insumos para establecer la existencia de lavado de dinero, cuál era el objetivo, desaparecer esa información”. explicó la fiscal
El testigo afirmó que se asustó ante las airadas advertencias que el jefe le había dado y levantó un escrito para presentar al juez Segundo de Paz en el que le exponía debido a exceso de trabajo y la falta de espacio para resguardar y procesar las evidencias en ese momento, Fiscalía paralizaba al proceso acusatorio contra José Adán Salazar y familia.
Martínez además había ordenado que se apartara al fiscal que llevaba la causa y se reasignara a otro y quien lo llevaba de castigo, fuera enviado a un lugar refundido del oriente del país.
El fiscal jefe reasignó ese caso a una sobrina de Martínez, quien empezaba su carrera en la Fiscalía. Confiado en que había cumplido con la orden de su jefe, el exjefe fiscal, llamó a Martínez y le informó que ya se había hecho lo ordenado por él y que el caso había sido reasignado a su sobrina. Pero Martínez, “respondió bien explosivo” “A la gran P. por qué se lo asignaste a ella”, dice el testigo que reaccionó Martínez.
Los abogados defensores de Salazar exigieron que les devolvieran toda la documentación que habían confiscado a Gumarsal, por lo que se hicieron las gestiones y a los días, en julio de 2015, un furgón recogió todas las evidencias que FGR tenía en su contra .