Enrique Beltrán, uno de los jueces procesados. / DEM


En el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, está previsto que sean enjuiciados hoy los tres exjueces especializados de instrucción y Sentencia de San Miguel, por ilícitos que supuestamente cometieron desde sus despachos a favor de pandilleros y narcotraficantes de la zona oriental.

La Unidad de Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República, en el dictamen de acusación que sirvió para enviarlos a vista pública, ha pedido que se les condene por los delitos de cohecho propio y cohecho impropio (soborno).

El Ministerio Público señala a los exfuncionarios judiciales de recibir supuestamente miles de dólares como soborno para emitir resoluciones favorables y reducir penas a integrantes de una red transnacional integrada por pandilleros y narcotraficantes que ingresaban droga desde Colombia para luego enviarla hacia Estados Unidos.

Los acusados son: Jorge González Guzmán, exjuez especializado de instrucción, Enrique Alberto Beltrán, exjuez especializado de sentencia y José Rodolfo Castillo Morales, exjuez especializado de sentencia suplente; con sede en San Miguel, pero con jurisdicción para conocer todos los casos de crimen organizado del oriente del país.

Los imputados fueron desaforados el 12 de agosto de 2014 por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en sesión de Corte Plena por unanimidad y se autorizó el proceso.

Horas después de esa resolución, el Ministerio Público ordenó a la PNC que capturara a los entonces jueces quienes en la audiencia inicial realizada en el Juzgado 1o. de Paz de San Miguel, quedaron en libertad bajo medidas.

El 9 de noviembre del 2015, el Juzgado 2o. de Instrucción de San Miguel, instaló la audiencia preliminar contra los exjueces y el 30 de noviembre del mismo año les decretó apertura a juicio, pero el caso fue enviado al Tribunal Tercero de Sentencia de la capital.

 

3 Los exjueces

Especializados de San Miguel, quienes hoy deberán enfrentar hoy la vista pública.



2 Los delitos

Que la Fiscalía les atribuye, cohecho propio y cohecho impropio (soborno) que habrían cometido fungiendo como jueces.