En una audiencia especial de revisión de medidas, el exjuez suplente Noveno de Paz de San Salvador, Mauricio Antonio Álvarez Gámez, fue favorecido con arresto domiciliar previo pago de una fianza de $20 mil.

El exfuncionario judicial es acusado por cohecho propio (recibir soborno) del empresario Enrique Rais, quien es prófugo junto a otros siete imputados desde el 12 de enero del año 2017, cuando la Cámara Primera de lo Penal revocó las medidas sustitutivas a la detención que el Juzgado Séptimo de Paz les había otorgado.

El abogado defensor de Álvarez Gámez solicitó al juez, Mario Osmín Mira Montes, la audiencia en la cual se le otorgó el arresto domiciliar a pesar que nunca mostró voluntad de someterse al proceso y la Fiscalía lo acusó como reo ausente, ya que el 22 de agosto de 2016 cuando se libraron las órdenes administrativas de captura la policía no lo ubicó para detenerlo.

El exjuez tampoco compareció a la audiencia inicial instalada el 26 de agosto del mismo año, pero se le otorgaron medidas, entre ellas el pago de una fianza de $5 mil; cinco meses después, al revocarse dichas medidas, Álvarez Gámez, nuevamente huyó y evitó enfrentar el proceso penal.

Estando prófugo, a través de su abogado, solicitó la revisión de medidas y el Juzgado Octavo de Instrucción se las ha otorgado, imponiéndole un arresto domiciliar, más el pago de la caución económica.

El exjuez, para poder gozar de ese beneficio procesal, debe presentar el recibo en el que haga constar que ya pagó la fianza en Fondos Ajenos en Custodio del Ministerio de Hacienda al juez Mira Montes.

Según fuentes judiciales, Álvarez Gámez solo debe cancelar $15 mil, ya que cuando se le otorgaron las medidas en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, ya había entregado $5 mil, pero hasta ayer, no había presentado el comprobante de pago.



El caso

En este caso con reserva, la Fiscalía General de la República acusa a 11 imputados señalados de falsificar prueba en cuatro casos. Entre los procesados está el ex fiscal general, Luis Martínez, quien es el único detenido y guarda prisión en el penal de Mariona.

Los ocho prófugos son: el empresario Enrique Aquiles Rais López, su sobrino Hugo Blanco Rais, los abogados Ernesto Gutiérrez, el exjuez Noveno de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammattei, el exdirector de la Unidad de Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza, el exjuez suplente Mauricio Antonio Álvarez Gámez, Hilda Guadalupe Trigueros y el psicólogo forense Néstor Recinos.

Con medidas alternas a la detención están los abogados Luis Peña y Héctor Francisco Grimaldi. La Fiscalía judicializó el caso por delitos como: falsedad ideológica, fraude procesal, omisión de investigación, cohecho activo (soborno), prevaricato (resolver contrario a derecho), falsedad documental agravada y cohecho propio.

Según el Ministerio Público en la investigación detectaron un plan para llevar a la cárcel y atribuirle delitos con prueba falsa a Claudia María Herrera, esposa del abogado Mario Calderón, exapoderado legal de Enrique Rais, quien después de ser despedido por el empresario, comenzó a defender a los canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale.

Desde hace varios años, los dos extranjeros tienen problemas legales con Rais López, en una disputa por quedarse con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos S.E.M. de C.V.