El juez Rigoberto Chicas valoró y admitió todas las pruebas presentadas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, recopiladas en la etapa de investigación .
En la fase de instrucción el Ministerio Público obtuvo estados financieros, documentación del Ministerio de Hacienda e incorporó la pericia financiera contable en la que se concluye que los imputados blanquearon supuestamente $300 millones de 2004 a 2009.
Ese peritaje fue determinante para decretar un auto de apertura a juicio ya que es la columna vertebral del caso y el juez así lo valoró; uno de los fiscales de la UIF dijo ayer que Chicas comparó incluso el dictamen de los peritos permanentes (propuestos por la Fiscalía) con el elaborado por los peritos accidentales (ofrecidos por la defensa) y terminó dándole peso al dictamen elaborado por los expertos que trabajaron en coordinación con el Ministerio Público.
Testigos
Otro elemento valorado por el juzgador es el aporte de testigos criteriados, entre ellos clave “Prometeo”, un publicista quien ha expresado que del gobierno de Saca recibió $7 millones a cambio de pautar cuñas radiofónicas en el Grupo Samix, un conglomerado de radios propiedad del exmandatario.
Este caso fue judicializado el 31 de octubre del año 2016, con una acusación inicial de $246 millones supuestamente lavados por los imputados; pero al presentar el dictamen de acusación, en diciembre de 2017, la UIF confirmó que con el peritaje financiero contable se concluyó que los procesados supuestamente lavaron $56 millones más, acumulando un monto de $300 millones.
Según la Fiscalía, para desviar los $300 millones, Saca contó con la ayuda clave de seis colaboradores de confianza, esos fondos salieron de una cuenta subsidiaria de la Presidencia hacia 14 cuentas a nombre de Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para luego ser transferidos a las empresas del exmandatario.
De la cuenta subsidiaria institucional del tesoro público de Casa Presidencial fueron sustraídos ilícitamente los $300 millones; de ese monto, la UIF descubrió que $116 millones fueron cobrados en efectivo, configurándose de esa forma peculado (apropiarse de bienes del Estado) que es un delito generador del lavado de dinero.