Fiscales de la Unidad Antiextorsiones de la oficina de San Miguel comenzaron a investigar el caso, tras recibir denuncias, en las cuales los afectados, a quienes se les otorgó régimen de protección asignándoles claves, proporcionaron información respecto a las extorsiones a las que estaban sometidos.
Se detalla que las exigencias las comenzaron en el año 2014 y los contactaron a través de llamadas telefónicas en las que hacían amenazas de muerte, si no accedían a pagar diversas cantidades de dinero.
Los chantajistas ocuparon la modalidad de depósitos que debían realizar mediante el sistema de envío que tiene una compañía telefónica, proporcionaban los números a los cuales debían abonar el dinero para luego ser retirado.
Las víctimas declararon en la Fiscalía que los extorsionistas obligaron a depositar $75, $150, $200 y $250; las cantidades fueron abonadas en diferentes partes del país, de acuerdo al lugar que los extorsionistas ordenaban.
En la vista pública, la representación fiscal presentó como elementos de prueba contundentes los comprobantes de retiro del dinero donde constan las cantidades que las víctimas depositaron.
Se agregó, además, los informes de la compañía telefónica respecto a las transacciones, así como las bitácoras de las llamadas donde se confirma que los números de teléfonos desde donde se les llamó a los afectados, corresponde a los imputados.
Según el Ministerio Público, los integrantes de esta estructura de extorsionistas también se hacía pasar como ingenieros, decían que ellos laboraban para una institución de gobierno y que su función era elaborar proyectos de infraestructura y de esa forma obtenían información de las sedes municipales, los alcaldes y empleados, toda esa prueba fue conocida por el tribunal durante la vista pública.