El fiscal Leiva dijo que el delito origen del lavado de dinero fue la evasión de impuestos en que habrían incurrido los acusados. / Archivo DEM
El monto lavado, supuestamente, por la organización que habría dirigido el empresario José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como “Chepe Diablo”, ya no es de $215,167,786.42, la pericia financiera contable determina que es menos, pero no se ha detallado la cantidad exacta.
La millonaria cantidad, supuestamente, fue blanqueada entre los años 2003 al 2015 utilizando modalidades como la compra de bienes inmuebles a precios por debajo de lo real, ventas múltiples, adquisición de créditos que los contrataban a largo plazo, pero los pagaban en cuestión de meses, en un máximo de un año.
En el dictamen de acusación presentado ayer, en el Juzgado Cuarto de Instrucción, de San Salvador, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR), incluye a nueve imputados, lista que se mantiene desde el 7 de abril del año 2017, cuando el caso fue judicializado contra cuatro presentes y cinco ausentes. En la audiencia inicial solo estuvo José Adán Salazar Umaña, Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Nohemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta, quienes fueron enviados a prisión, pero el 29 de noviembre del mismo año fueron puestos en libertad por la Cámara Primera de lo Penal y desde esa fecha están con medidas alternas a la detención.
Mientras que en calidad de ausentes figuran: el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra, José Adán Salazar Martínez, Tránsito Ruth Mira de Guerra, Miriam Haydée Salazar de Umaña; para ellos, la Fiscalíasolicitó se les declare rebelde y se les gire nuevas órdenes de captura.
El fiscal de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), David Leiva, dijo que son 20 puntos de pericia que se han presentado. “Los montos varían porque cada uno de los montos lavados va especificado en cada uno de los puntos, la pericia recientemente ha sido presentada y es parte del fundamento de la acusación que se ha presentado”, dijo el representante del Ministerio Público, ayer.
Según Leiva, en la fase de investigación han recopilado suficientes pruebas para que los imputados sean enviados a juicio; señaló que hay elementos incriminatorios y que la estructura utilizó vehículos corporativos para blanquear el dinero.
“Es una estructura muy sofisticada, cuando me refiero a vehículos corporativos; son empresas que hacían transacciones con la finalidad de perder el rastro de lo ilícito del origen de los fondos, las modalidades son muy diversas”, sostuvo el fiscal.
En las indagaciones se toma en cuenta el delito precedente y en este caso se habla de una evasión fiscal y la probabilidad de las actividades del narcotráfico en las que podrían haber incursionado algunos de los acusados, entre ellos Salazar Umaña, desde antes del año 2000, según el Ministerio Público.
A la estructura se le detectó un incremento patrimonial no justificado y que se respalda con los registros contables y financieros que no concuerdan con la fortuna que han amasado en la última década.