La Fiscalía General de la República habría extraviado una denuncia que tres miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero (UMOAR) del período 2009-2012, interpusieron contra el ministro de Educación, Carlos Canjura y el director nacional de Educación Superior, Francisco Marroquín.

Los denunciantes, Roberto Serrano, José Humberto Ayala Santos y Juan Carlos Manzano Urbina, expusieron en sede fiscal el incumplimiento de una sentencia dictada en la Sala de lo Contencioso Administrativo con referencia 336-2009, supuestos hechos arbitrarios de la Dirección Nacional de Educación Superior y la usurpación de puestos en el Consejo Superior Universitario y junta directiva de la UMOAR.

En el escrito presentado pidieron a la Fiscalía no solo investigar y procesar a los dos funcionarios del Ministerio de Educación, sino que también se iniciara acción penal contra Román Honorio Mejía Figueroa y Carmen Navas Escobar, rector en funciones y secretaria general de la referida universidad.

Diario El Mundo tiene una copia de la denuncia que los tres profesionales interpusieron el 6 de septiembre de 2017 a las 3:06 p.m.,y fue recibida por Tatiana Guevara, pero no les entregó ninguna número de referencia y por ende no les asignó fiscal de caso, solamente les indicó en la copia de recibido los números a los que debían llamar para consultar el número de referencia de la denuncia y la unidad que tendría asignado el caso.

Dos meses después, los denunciantes han llamado a la Fiscalía y han acudido a preguntar por el número de referencia, sobre el fiscal asignado, y no han recibido respuesta alguna, les han informado que no saben dónde se encuentra la denuncia.

A más de dos meses la Fiscalía General de la República de forma oficial no ha notificado a los denunciantes que haya abierto un expediente al ministro de Educación, el director general de Educación Superior y los dos directivos de la UMOAR.

Varios fiscales consultados y que han pasado incluso por la Secretaría Receptora de Denuncias dijeron que hay algo irregular en este caso, porque los procedimientos cuando una persona interpone denuncia ya están definidos.

La persona que recibe la denuncia en sede fiscal introduce la información a la base de datos y dependiendo el delito el sistema automatizado de la Fiscalía envía el caso a la unidad respectiva y se genera el número de referencia y se le dice al denunciante que llame posteriormente y que con el número de referencia asignado pregunte por el fiscal que llevará su caso.

 

Antecedentes

Según los denunciantes, el 8 de junio del 2009, fueron electos por la junta directiva de esa universidad como vicerrector, secretario general y decano de Ciencias Agropecuarias y Forestal, para el período 2009-2012 y la Dirección Nacional de Educación Superior (DNES) los reconoció el 9 de julio del mismo año, extendiéndoles sus credenciales, el 10 de diciembre de 2009.

Ante la confirmación del Consejo Superior Universitario, Juan José Solórzano Arriola y Alfredo Antonio Lobo, iniciaron el 27 de noviembre de 2009, un juicio contra el entonces ministro de Educación y vicepresidente de la república, Salvador Sánchez Cerén y la DNES.

Pero en octubre del año 2012, Lobo y Solórzano Arriola, aparentemente habrían negociado con el Ministerio de Educación (MINED) y retiraron la demanda contra Sánchez Cerén, porque ese era un obstáculo para lanzar su candidatura como presidente de la república.

 

 

Según consta en la denuncia, el Ministerio de Educación se ha negado cumplir una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo que legitima el Consejo Superior Universitario 2009-2012 de la UMOAR.