Uno de los fiscales del caso dijo que están encaminados a lograr la primera condena para Martínez, ya que con la prueba vertida en la vista pública han establecido que infringió el artículo 34 de la Ley de Intervención de Telecomunicaciones.
En la exposición final el Ministerio Público señaló que Martínez, conocedor de la ley especial, sabía la ilegalidad en la que estaba incurriendo al editar, copiar y reproducir los audios obtenidos en las escuchas telefónicas.
Una de las fiscales dijo que el artículo 13 de la referida normativa dice que se grabarán y conservarán íntegramente y sin ediciones las telecomunicaciones de la persona o personas investigadas, mediante los mecanismos que la técnica señale y conforme a la autorización judicial.
Mientras que el artículo 18 menciona que se prohíbe la edición del material obtenido durante las intervenciones de las telecomunicaciones; sin perjuicio de las copias autorizadas por esta ley.
No obstante, los testigos han mencionado que le advirtieron al exfiscal de las consecuencias legales que le podrían traer, pero obvió esa disposición y se fue al Arzobispado de San Salvador, donde lo esperaban los máximos representantes de la iglesia católica en el país y los hizo escuchar los audios del sacerdote español.
“El caso tiene reserva total, pero los alegatos de la Fiscalía se basaron en la divulgación que en aquel momento el fiscal general hizo de unos audios, de una intervención que se le estaba practicando a una víctima y solicitó la pena máxima de ocho años de prisión por la calidad que tenía el imputado en ese momento”, explicó uno de los fiscales del caso.
Los testigos
Durante la vista pública la Fiscalía ofreció la declaración de 14 testigos, entre ellos dos peritos, pero al final prescindió de siete porque eran únicamente para incorporación de documentos.
La representación fiscal terminó presentando la declaración de cinco personas, destacando el testimonio del Padre Toño, quien en el proceso penal tiene la calidad de víctima y testigo.
En su declaración expuso las consecuencias y los perjuicios que le ocasionó el hecho de que Luis Martínez divulgara información privada que no tenía nada que ver con un proceso penal que a él le siguieron junto a un grupo de pandilleros, a quienes supuestamente les introdujo objetos prohibidos en las cárceles.